HERMOSILLO. El río Sonora no tiene potabilizadoras funcionales que filtren los metales pesados del agua, por lo que a cinco años del derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, provenientes de la empresa Buenavista del Cobre, los pobladores están expuestos al consumo de materiales tóxicos, informaron la periodista Amalia Escobar y el químico Antonio Romo Paz.
“Al principio se abrieron varios pozos, se exploraron algunos y se detectó que en el fondo tenían contaminación o que no tenían la suficiente corriente de agua y no se utilizaron, al final de cuentas las personas terminaron con los mismos pozos”, acotó la comunicadora, quien ha dado seguimiento al caso del derrame.
Por su parte, el profesor en Química de la Universidad de Sonora (Unison), Antonio Romo Paz, agregó que la única planta potabilizadora que se instaló fue en el municipio de Banamichi, no tiene la capacidad para filtrar metales pesados y en la época de lluvias éstos se elevan en el agua que fluye dentro de los pozos donde se abastecen los pueblos.
En tanto, Reina Castro, investigadora de la Unison, dijo que la salud de los habitantes está en riesgo y aseveró que ya hay bajas humanas como consecuencia de la contaminación que viven habitantes de seis municipios.
Sin embargo, tras el derrame de ácido en el río Sonora, los especialistas Margarita Gutiérrez-Ruiz, A. E. Ceniceros-Gómez, Francisco M. Romero y L.G. Martínez-Jardines emprendieron durante los posteriores meses una investigación sobre el impacto ambiental y de salud,la cual revela que el derrame de metales no representa un daño de importante magnitud como se ha creído durante estos cinco años.
Dicho trabajo, publicado en la revista Latino-Americana de Hidrogeología, explica que las fuertes lluvias de aquellos días favorecieron la dispersión de los elementos minerales, además de que se logró neutralizar la contaminación a los ocho días por medio de la aplicación de cal y el retiro de tierra de la zona afectada.
Asimismo, señala que a los tres meses del derrame las concentraciones de metales en disolución indicaron valores menores al límite de la norma mexicana del agua potable (NOM-127-SSA1-1994), a excepción del aluminio, hierro y el manganeso coloidales, cuyas cantidades son similares a las de antes del accidente.
Para llegar a tales conclusiones los expertos analizaron datos generados del 8 de agosto al 21 de octubre de 2014 por laboratorios acreditados.