Debido al incumplimiento en los puntos planteados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), a la Asamblea Municipal de Apan, a través de la Propuesta de Solución PS-A-0133-18, este organismo determinó elevar dicha resolución ya emitida a Recomendación.

La Recomendación R-TB-0002-20 expone que los quejosos se inconformaron ante este organismo refiriendo que el 16 de septiembre de 2018, circulaban a bordo de un vehículo procedentes de la comunidad de Chimalpa rumbo al centro de Apan, al llegar a la Avenida Aldama Poniente, oficiales de Seguridad Pública Municipal les “marcaron el alto” bajo el argumento de que se encontraban “escandalizando en la vía pública” porque escuchaban música y traían los vidrios del vehículo “abajo”.

El quejoso intentó seguir la marcha del vehículo sin éxito, diciéndole a los policías que eran “prepotentes y encajosos” al tiempo que les pidió cumplieran con su trabajo, en respuesta los oficiales de Seguridad Pública Municipal en Apan y de la Agencia de Seguridad Estatal, destacamento Apan, quienes también intervinieron, “jalonearon” al quejoso, mientras que otro oficial ingresó al vehículo y lo “colocó boca abajo” golpeándolo en el cuerpo; una vez “arriba” de la unidad policíaca vio cómo agredían a la mujer que lo acompañaba.

Al llegar los quejosos a la barandilla municipal, él solicitó realizar una llamada telefónica para avisar a sus familiares de lo sucedido, pero se la negaron, tampoco le permitieron usar el sanitario, no teniendo otra opción que “orinar” cerca de una coladera ubicada afuera de la celda, en tanto que la mujer sólo esperó en la barandilla a que llegara su abogada particular para resolver su situación jurídica.

La Propuesta de Solución PS-A-0133-18, se emitió el 28 de septiembre de 2018 y estuvo dirigida a la Presidenta Municipal de Apan y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, cuyos puntos de solución fueron indagar para que si hubo abuso policial, se tomen cartas en el asunto, además, devolver la multa cobrada a los quejosos por un juez conciliador.

En caso de que la recomendación no sea acatada por el actual gobierno, deberá quedar en manos del Concejo Municipal que entrará en labores después del 5 de septiembre.