/ miércoles 23 de octubre de 2024

Por presunto fraude en Tulancingo va 9 años a prisión

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión para una mujer, a quien se le probó plenamente su responsabilidad en hechos que la ley sanciona como fraude.

Los sucesos investigados, según la PGJEH, ocurrieron en Tulancingo de Bravo, en diciembre de 2020, cuando la persona imputada, en su carácter de representante legal de la víctima le solicitó a esta última, 435 mil pesos para solventar gastos de supuestos trámites que eran necesarios para evitar que el esposo de dicha víctima fuera procesado por autoridades federales.

Sin embargo, la persona agraviada al darse cuenta que ninguna autoridad tenía investigaciones contra su esposo y no había trámites que debieran requerir pago alguno, se presentó ante el Ministerio Público y denunció lo ocurrido.

Una vez que agentes del Ministerio Público se allegaron de datos de prueba contra la mujer, la Procuraduría estatal obtuvo su vinculación a proceso. Finalmente tras concluir el plazo de investigación complementaria y agotar todas las etapas del proceso penal, se probó plenamente la responsabilidad en hechos que la ley sanciona como fraude, por lo que un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión.


La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión para una mujer, a quien se le probó plenamente su responsabilidad en hechos que la ley sanciona como fraude.

Los sucesos investigados, según la PGJEH, ocurrieron en Tulancingo de Bravo, en diciembre de 2020, cuando la persona imputada, en su carácter de representante legal de la víctima le solicitó a esta última, 435 mil pesos para solventar gastos de supuestos trámites que eran necesarios para evitar que el esposo de dicha víctima fuera procesado por autoridades federales.

Sin embargo, la persona agraviada al darse cuenta que ninguna autoridad tenía investigaciones contra su esposo y no había trámites que debieran requerir pago alguno, se presentó ante el Ministerio Público y denunció lo ocurrido.

Una vez que agentes del Ministerio Público se allegaron de datos de prueba contra la mujer, la Procuraduría estatal obtuvo su vinculación a proceso. Finalmente tras concluir el plazo de investigación complementaria y agotar todas las etapas del proceso penal, se probó plenamente la responsabilidad en hechos que la ley sanciona como fraude, por lo que un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión.


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