Raúl Arroyo González, procurador de Justicia del estado, informó que en lo que va del año se han iniciado por lo menos una docena de procedimientos administrativos en contra de funcionarios, derivado de señalamientos por actos de corrupción.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el fiscal hidalguense expuso que los asuntos son desahogados ante diversas instancias, algunos en el órgano de control de la Procuraduría, otros más en la Contraloría del estado, y en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

Dejó claro que son asuntos apenas iniciaron y no significa que “sean actos de corrupción”, ello se sabrá hasta que concluya el proceso.

Entre los servidores públicos se encuentran ministerios públicos, policías de investigación, así como personal administrativo.

Detalló que los señalamientos son diversos que van desde faltas administrativas, retrasos en las actuaciones, errores cometidos, entre otras, ya que aseguró que “la corrupción no sólo es dinero, implica desconocimiento de lo que se está haciendo, si un ministerio público no tiene un conocimiento suficiente cae en actos de corrupción”.

En otro orden de ideas, Arroyo González informó que en Ixmiquilpan hubo un cambio de domicilio de la agencia del ministerio público por cuestión de seguridad.

Recordó que hace un par de meses hubo disparos de bala en contra del inmueble, y por ello se tomó la determinación de cambiar de domicilio a un lugar más céntrico y con mayor luminosidad.

La idea – dijo – es evitar situaciones que pongan en riesgo a la gente que visita la Procuraduría y a los empleados.

Cuestionado respecto si algún ministerio público ha recibido amenazas, el procurador comentó “no, tan graves que hayamos valorado que están en peligro, sí hay ambientes difíciles, Ixmiquilpan es uno de ellos, ha habido condiciones en las que hemos tenido que tomar unas medidas de seguridad de nuestros elementos, entre ellas, cambiar de edificio”.