Francisco Áureo Acevedo, abogado de José Antonio N.N., exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), pretende que a su cliente le sea colocado un brazalete o se le imponga una medida cautelar como la garantía económica a cambio de que enfrente en libertad el proceso penal que se le sigue por el delito de peculado.

Este miércoles, en audiencia denominada de “cumplimiento de ejecutoria”, luego de que el Tribunal Colegiado de Circuito le diera la razón a la defensa de José Antonio N.N., el juez de Control, Ciro Juárez González, volvió a dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Si bien, José Antonio N.N ganó el amparo porque los magistrados de circuito consideraron que el juez de control no justificó de manera adecuada la prisión preventiva oficiosa, Ciro Juárez insistió en imponer la misma medida, bajo el argumento que es la única forma de garantizar que el procesado acuda a las audiencias de juicio.

El juez local agregó que la medida es la idónea, ya que el delito que se le imputa es la sustracción de recursos públicos, en donde no sólo el Estado es el interesado, sino la mayoría de los ciudadanos, por ende se pronunció a favor de que impere el derecho de la mayoría. "No es un asunto que se trate de la sustracción de electrodomésticos", expresó.

Por su parte, el abogado defensor, Francisco Áureo Acevedo, adelantó que nuevamente recurrirán la resolución ante el juez de distrito, toda vez que no están conformes con que se le vuelva a imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Consideró que los argumentos del juez de control, nuevamente son subjetivos y los emite sin considerar la presunción de inocencia, “ya que la justificación es que el inculpado podría evadirse de la acción de la justicia, hecho qué es un supuesto”.

En su oportunidad, el imputado comentó que de acuerdo con el análisis que hiciera la autoridad judicial federal no era necesario que él estuviera en prisión preventiva.