Supuestamente desaparecen dos documentos relacionados con el juicio del exsubsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) de las oficinas de la representación social, así lo dio a conocer la ministerio público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Lidia Ramírez Cruz.
Lo anterior se informó durante la audiencia pública que se tenía programada para iniciar el juicio contra Pablo N.N, a quien se le señala del delito de peculado por haber cobrado cheques y haber realizado retiro de dinero en efectivo, a través de remesas con la empresa Cometra, por un monto de 68 millones 95 mil 10 pesos.
Sin embargo, ante la ausencia de dos testigos, la audiencia de debate que marca el inicio de juicio fue pospuesta para el próximo 3 de febrero, ya que ambos testimoniales se consideran de trascendencia para la comprobación de la teoría del caso del ministerio público.
Respecto de los documentos que fueron robados, la agente del ministerio público detalló que corresponden a las cuentas bancarias relativas a programas estatales 2012 y 2013, respectivamente, por lo que solicitó su reposición vía copia.
Informó que se interpuso una denuncia penal por el robo de dicha documentación, la cual quedó registrada en la carpeta de investigación 12-2019-14847 del 25 de octubre de 2019.
En relación a que se pospuso el juicio, el acusado manifestó su inconformidad y señaló que él es quien está en prisión, por lo que aplazar el juicio sólo va en detrimento de sus derechos fundamentales.
De ahí que la agente del ministerio público solicitó se cite a los testigos que no acudieron de forma personal y en caso de hacer caso omiso, se les aplique una multa de 20 unidades de medida y actualización, o bien se haga uso de la fuerza pública.
Los testigos faltantes son: el representante de la empresa de traslado de valores y un perito.
Cabe recordar que la agente del ministerio público solicitó 12 años de prisión, pago de multa por 30 mil pesos, inhabilitación como funcionario público, reparación de daño por 68 millones de pesos y la suspensión de sus derechos políticos.
A Pablo N.N. se le acusa de que siendo funcionario público, emitió cinco cheques de las cantidades 9.2 millones de pesos, 9.8 millones de pesos, 1.3 millones de pesos; un millón de pesos y 400 mil pesos, mismos que fueron cobrados por su presunto cómplice José Antonio T.D.
Asimismo, transfirió dinero de las cuentas de Banorte a la de Santander para después colocarlo en la empresa Cometra y solicitar remesas por las cantidades de 11.6 millones de pesos, 12 millones 498 mil, 11 millones 498 mil, y 11 millones 497 mil, que sumados dan 47 millones 95 mil pesos. Dichas remesas eran solicitadas a las oficinas del Instituto Hidalguense de Educación (IHE), en horarios de entre 7:00 y 7:30 p.m y eran sacados en cajas de archivo muerto.
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