/ martes 30 de enero de 2024

Concesionarios de transporte procesados por presunto desvío de dinero

Supuestamente abusaron de sus facultades desde el año 2019

Un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), obtuvo de un juez de control auto de vinculación a proceso para dos personas investigadas por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades, así como uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con particulares.

Los hechos que les fueron imputados a las personas ocurrieron a partir de noviembre de 2019, cuando se desempeñaban como titular y concesionario respectivamente, del Sistema Integrado de Trasporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) y se presume suscribieron de manera ilícita contratos de administración y operación temporal del servicio público de transporte masivo de pasajeros en la red integrada de transporte del corredor uno de la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca, por un monto de 17 millones 516 mil 880 pesos.

Tras la denuncia de los hechos antes mencionados, esta representación social inició las indagatorias correspondientes y una vez que el Ministerio Público se allegó de datos de prueba, judicializó la carpeta de investigación y llevó ante un juez de control a los probables responsables, autoridad ante la que se formuló imputación en su contra.

Con base en los datos de prueba aportados por personal ministerial de la PGJEH, en audiencias por separado, los jueces respectivos, consideraron dictar los autos de vinculación a proceso para ambas personas, por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades, y uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas con particulares.

Las medidas cautelares impuestas para las personas imputadas son firma periódica mensual, no acercarse al SITMAH, no salir del país, sometimiento a vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), la prohibición de acercarse a trabajadores del SITMAH, así como a testigos.

Además al finalizar la audiencia la autoridad judicial otorgó cuatro y tres meses, respectivamente, para el cierre de las investigaciones complementarias.

Un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), obtuvo de un juez de control auto de vinculación a proceso para dos personas investigadas por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades, así como uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con particulares.

Los hechos que les fueron imputados a las personas ocurrieron a partir de noviembre de 2019, cuando se desempeñaban como titular y concesionario respectivamente, del Sistema Integrado de Trasporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) y se presume suscribieron de manera ilícita contratos de administración y operación temporal del servicio público de transporte masivo de pasajeros en la red integrada de transporte del corredor uno de la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca, por un monto de 17 millones 516 mil 880 pesos.

Tras la denuncia de los hechos antes mencionados, esta representación social inició las indagatorias correspondientes y una vez que el Ministerio Público se allegó de datos de prueba, judicializó la carpeta de investigación y llevó ante un juez de control a los probables responsables, autoridad ante la que se formuló imputación en su contra.

Con base en los datos de prueba aportados por personal ministerial de la PGJEH, en audiencias por separado, los jueces respectivos, consideraron dictar los autos de vinculación a proceso para ambas personas, por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades, y uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas con particulares.

Las medidas cautelares impuestas para las personas imputadas son firma periódica mensual, no acercarse al SITMAH, no salir del país, sometimiento a vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), la prohibición de acercarse a trabajadores del SITMAH, así como a testigos.

Además al finalizar la audiencia la autoridad judicial otorgó cuatro y tres meses, respectivamente, para el cierre de las investigaciones complementarias.

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