En medio de la pandemia del coronavirus, que ahora está atacando con más fuerza el continente americano, el gobierno de Estados Unidos ha deportado vía fast track a más de 900 niños y adolescentes migrantes sin informar a sus familias o a los trabajadores sociales que los atienden en los centros de detención migratoria, ni darles oportunidad de pedir asilo ante la violencia que los espera en sus países de origen.
Un reportaje del periódico estadounidense The New York Times indica que esto representa un giro de 180 grados en la política que se ha seguido en las últimas semanas en la frontera con México, donde, con todo y el endurecimiento de las leyes antiinmigrantes por parte del gobierno de Donald Trump, por décadas había imperado la salvaguarda otorgada a niños migrantes por las administraciones demócratas y republicanas.
Los jóvenes que llegaban de forma irregular a EU recibían refugio, educación y atención médica mientras aguardaban un proceso administrativo para permanecer en el país. En caso de ser deportados, se les “garantizaba un lugar seguro al cual regresar” en sus países de origen, indicó ayer el Times.
Sin embargo, los últimos decretos fronterizos de Trump han sido llevados al extremo con el pretexto de la pandemia de coronavirus para deportar a los menores migrantes incluso a las pocas horas de estar en territorio estadounidense.
En el peor de los casos, informó el diario estadounidense, “han sido sacados de sus camas en medio de la noche en refugios del gobierno de EU y subidos a aviones para sacarlos del país sin ninguna notificación a sus familias”.
De acuerdo con el New York Times, el gobierno de Trump justificó esta práctica por una ley de 1944 que da al presidente estadounidense poderes extraordinarios para impedir la llegada de extranjeros ante la “amenaza grave” de una “enfermedad peligrosa”.
Esto ha sido aprovechado por las autoridades de inmigración en las últimas semanas para expulsar de forma rápida a niños y adolescentes cuando entraron en vigor en marzo las normas migratorias derivadas de la pandemia.
El martes pasado, el gobierno de Estados Unidos extendió nuevamente por un mes las restricciones de viajes no esenciales por las fronteras terrestres con México y Canadá, instauradas en marzo para frenar la propagación del coronavirus.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo que la medida, que vencía ayer, regirá hasta el 22 de junio y será revisada en 30 días.
En este contexto, entre marzo y abril fueron expulsados 915 menores poco después de llegar a la frontera, y 60 fueron deportados desde otros estados del interior, incluso a algunos que tenían juicios pendientes en el sistema migratorio.
El New York Times afirma que varios de ellos fueron trasladados a países centroamericanos y otros a México.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se negó a responder cuáles normas legales se están aplicando para las expulsiones, con el argumento que esa información puede ser usada por los traficantes de indocumentados para burlar las leyes.
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración se negaron a comentar a El Sol de México el tema y no informaron a qué estados de la república pudieron ser enviados los menores.
Las restricciones establecidas por EU y México en la frontera común no impiden el tránsito comercial de alimentos, de combustible, de equipos de atención médica y de medicamentos. Tampoco ha impedido el flujo de trabajadores legales de México hacia el país vecino, que siguen siendo demandados en grandes cantidades por empresas estadounidenses.
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