La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su fundación en el sur de California presentaron hoy una demanda colectiva en contra de la Administración del presidente de EU, Donald Trump, por haber revocado el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
La demanda se presentó en una corte federal de Los Ángeles el mismo día en el que concluye el plazo para que 154 mil de los 690 mil jóvenes indocumentados amparados bajo DACA renueven su amparo migratorio, que supone además un permiso de trabajo.
El resto irá perdiendo paulatinamente este derecho a partir del 5 de marzo de 2018, a menos que el Congreso apruebe una ley que les dé un estatus legal permanente en el país a esos jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
La demanda considera "ilegales" las prácticas de selección y revocación que el Gobierno utiliza y pide a la corte que prohíba al Gobierno seguir con esta práctica.
La demanda la encabeza Jesús Alonso Arreola Robles, protegido por DACA desde 2012 hasta que fue detenido el pasado 12 de febrero por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) por "tráfico de indocumentados" cuando trabajaba para Uber en el área de San Diego, en el sur del estado.
Un juez de inmigración desestimó la acusación de contrabando del servicio de Inmigración y nunca fue acusado de ningún crimen. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó su benéfico de DACA.
"Mi novia y yo estamos esperando nuestro primer hijo, un niño, el día de Navidad. Quiero estar aquí para criarlo", dijo Arreola en declaraciones recogidas en un comunicado. "No quiero una acusación infundada que me quite todo lo que amo".
El pasado 5 de septiembre, el Gobierno anunció el fin de este programa, que fue implantado en 2012 mediante una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente, Barack Obama, y que tenía como objetivo regularizar la situación de estos jóvenes.
La demanda también solicita que la Administración Trump restablezca el amparo migratorio y la autorización de empleo de Arreola, así como otros que hayan sufrido revocaciones ilegales.
Lorella Praeli, directora de política de inmigración y campañas de ACLU, dijo que las acciones que se tomaron contra jóvenes como Arreola, y otro gran número de destinatarios de DACA que han sido sistemáticamente señalados por la Administración Trump por su raza o etnia, muestra la urgencia de promulgar una ley que proteja de forma permanente a estos jóvenes.
Esta es la segunda gran demanda que encabezan "soñadores" contra el Gobierno, después de que hace dos semanas seis amparados por DACA interpusieron en San Francisco otra querella en la que aseguraban que Trump cometía una "violación sin precedentes" a los derechos constitucionales de los jóvenes al poner fin el amparo.
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