Desde que en julio de 2019 la Guardia Nacional (GN) salió a las calles para suplir a la Policía Federal (PF) en labores de seguridad pública, las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos han repuntado 41 por ciento, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, en 2015 la Policía Federal recibió 783 quejas, la cifra más alta en los últimos nueve años, pero de ahí fueron a la baja.
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Mientras en 2016 fueron 660, para 2017 y 2018, se redujeron las cifras hasta 425 y 356, respectivamente. En 2019, la CNDH registró 274 quejas contra la Policía Federal, pero ese año sólo operó entre enero y junio, ya que en julio desapareció para dar paso a la Guardia Nacional, que en los datos de la Comisión no aparece ese año.
En 2020 −el primer año que estuvo por completo en funciones la Guardia Nacional− la CNDH recibió 350 quejas en su contra, apenas cuatro menos que las que recibió la ahora extinta Policía Federal en 2018, y para 2021 esta cifra subió a 504, es decir, 41 por ciento más.
Durante enero y julio de este año, la Guardia Nacional acumula 276 quejas, la mayoría de ellas en Ciudad de México (31), Guanajuato (22) y Jalisco (18). El único estado que no ha presentado quejas contra la GN es Baja California Sur.
Las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos de las que se le acusa a la Guardia Nacional incluyen intimidación y tortura.
El pasado 9 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional se hace cargo de la Guardia Nacional en lo administrativo y operativo.
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil es que derivado de esta decisión aprobada por el Congreso de la Unión crezcan las violaciones de derechos humanos debido a la falta de rendición de cuentas y capacitación en la materia con la que se caracterizan las Fuerzas Armadas.
“La experiencia demuestra que hoy en día México es más peligroso que hace 16 años cuando se decidió que militares salieran a las calles. Ha habido un aumento de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica e incluso sexual. Los estándares internacionales de DH señalan que las Fuerzas Armadas sólo pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil y no militar”, sostuvo Amnistía Internacional al manifestar su rechazo por la reforma.
Mientras, el pasado 14 de septiembre, en el contexto del debate sobre la ampliación del periodo para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional garantizan los derechos humanos.
“Es utilizar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos que es el derecho a la vida, entonces aprobar eso, el que el Ejército y la Marina ayuden en esta necesidad que tenemos de garantizar la paz y tranquilidad pues es no sólo un deber, es una dicha enorme para un legislador”, dijo en su conferencia matutina de ese día.
SEDENA RECIBE MUCHAS QUEJAS, PERO POCAS RECOMENDACIONES
A pesar de los llamados, incluso provenientes de las Naciones Unidas, el presidente López Obrador aseguró el pasado 6 de septiembre que su gobierno no se se ha caracterizado por violar derechos humanos y prueba de ello es que su administración sólo ha recibido un par de recomendaciones de la CNDH contra las Fuerzas Armadas. No obstante, la cifra es falsa.
Aun cuando la Comisión a cargo de Rosario Piedra Ibarra ha manifestado su visto bueno para que los militares participen en labores de seguridad pública y tomen el control de la Guardia Nacional, ésta ha emitido 12 recomendaciones contra la Sedena durante el actual sexenio. Una de ellas por el asesinato de una persona migrante en Chiapas, quien recibió varios disparos de arma de fuego por parte de elementos del Ejército al evadir un retén, en marzo de 2021.
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Por su parte, aunque las quejas hacia este cuerpo disminuyeron de 482 a 259 entre 2019 y 2020 −año marcado por el confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19− para 2021 volvieron a repuntar hasta 436 y en los primeros siete meses de 2022 ya se tiene un registro de 241.
La preocupación de las organizaciones de la sociedad civil es que estas cifras crezcan aún más ahora que la Sedena se hará cargo de la Guardia Nacional, y con la iniciativa aprobada del PRI para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 en tareas de seguridad pública.