Iniciativa sobre “derecho al olvido” amenaza la libertad de expresión: ONG

La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consideró que la iniciativa de Morena en el Senado que pretende reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), “representa una seria amenaza al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en línea”.

Apenas este 24 de enero de 2020, el senador Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, calificó como tema prioritario de la agenda legislativa del Senado de la República su iniciativa sobre “derecho al olvido en plataformas digitales”, con la cual se permitiría borrar todos los datos, incluidos comentarios, audios, videos y fotografías en internet de personas.

Mediante un comunicado, la R3D consideró que la propuesta del legislador morenista que contempla la eliminación y supresión de contenidos a nivel nacional e internacional, bajo la posibilidad de “cancelar de manera inmediata y definitiva” datos personales a solicitud del titular “atenta gravemente contra la libertad de expresión al facultar la supresión de información de interés público.

Esta organización que en otras ocasiones ha iniciado procesos jurídicos para defender la libertad de expresión en Internet, sostiene que la iniciativa del legislador lopezobradorista representa “una interpretación errada y maliciosa del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales.

Esto, considera la organización, debido a que, bajo el derecho de cancelación, un funcionario que haya incurrido en actos de corrupción podría apelar a la eliminación de una nota periodística, bajo el argumento de que su delito ya prescribió o porque ha cumplido su condena.

Asimismo, sostienen que esto es contrario al derecho de las personas a mantenerse informadas, permitiendo el borrado de información que, si bien puede ser incómoda para un individuo, debe ser preservada por considerarse de interés público.

El colectivo de activistas indica que la propuesta del legislador, “pretende sancionar a intermediarios cuando se nieguen a cumplir con las solicitudes de remoción de contenidos” y lejos de “ejercer justicia” en contra de las grandes empresas tecnológicas, la iniciativa pretende limitar el abanico de opciones de acceso a la información, presionando a las compañías a remover enlaces a páginas web en un buscador para impedir que las personas puedan consultar comentarios o publicaciones en redes sociales.