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Universidades públicas, dependencias de salud estatales, organismos de agua y municipios adeudan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el (ISSSTE) 68 mil millones de pesos en cuotas y aportaciones de sus empleados, un “problema serio” que crece como “bola de nieve”, alerta su director, Luis Antonio Ramírez Pineda.
En entrevista con El Sol de México, el funcionario federal agrega que el pasivo ha seguido creciendo en el actual sexenio de casi 50 mil millones a 68 mil millones de pesos. “Éste es un asunto de un manejo mal hecho de parte de las dependencias”. En este contexto, llama a gobernadores y rectores de las universidades a acercarse al ISSSTE para lograr acuerdos que les permitan pagar y “evitar que la bola de nieve siga creciendo”.
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Incluso propone agregar un párrafo o artículo a la ley de responsabilidades de funcionarios públicos para castigar a quien utilice las cuotas o aportaciones de los trabajadores para otros fines.
Luis Antonio Ramírez no oculta sus aspiraciones políticas y se destapa como aspirante a la gubernatura de su entidad natal Oaxaca. “Claro, si se dan las condiciones y si las reglas del juego lo permiten, desde luego que participaré… Por el partido del presidente (Morena), seguro que sí”.
El hijo del exgobernador oaxaqueño, el priista Heladio Ramírez, explicó que una vez que se definan las reglas de juego para la elección del próximo año definirá su papel en ese proceso.
“Pero de que tengo interés, por supuesto. Es mi origen, políticamente ahí me he desarrollado, crecido, representa un desafío, una pasión y es parte de lo que me mueve”.
DEUDAS ESTATALES
A más de dos años y medio de su llegada a la dirección del ISSSTE, en diciembre de 2018, Ramírez Pineda asegura que “financieramente somos sólidos. No tenemos financieramente de qué preocuparnos, pero sí nos motiva el hecho de mejorar la atención al derechohabiente”.
Sus primeras acciones se orientaron a reducir los pasivos de casi 20 mil millones de pesos a menos de 12 mil millones de pesos hoy.
“Tenemos reservas financieras de 111 mil millones de pesos, que significa que el ISSSTE tiene una reserva financiera importante, una capacidad para hacer frente a cualquier contingencia”.
El problema financiero es con 28 o 29 gobiernos estatales “porque nos deben alrededor de 68 mil millones de pesos”.
Esa deuda se divide en tres modalidades: uno es al ISSSTE asegurador, que es el fondo que sirve para atender los servicios de salud, la mejora de la infraestructura y la compra de insumos o equipo médico de innovación. Ahí el adeudo es de siete mil 200 millones de pesos.
Esos recursos se podrían destinar a la infraestructura y mantenimiento de 600 unidades médicas en todo el país o para la compra de insumos o equipo de alta especialidad.
En segundo lugar está el Fovissste, que maneja los créditos a la vivienda para los trabajadores. El adeudo acumulado en las cuentas individuales es de dos mil 500 millones de pesos. Finalmente, en las aportaciones de las afores, el adeudo es de 58 mil millones de pesos.
“Esto suma casi 68 mil millones de pesos, es una cantidad muy fuerte que tienen los patrones, en este caso las diferentes dependencias que cotizan al ISSSTE a través de los estados”.
De ese total se han podido realizar negociaciones con 11 estados para firmar convenios de pago de hasta 15 años por casi 10 mil millones pesos.
Con Baja California Sur se acordó un convenio por mil 300 millones de pesos, en Colima fue de dos mil millones. “En Chiapas estamos haciendo un convenio adicional a lo que habíamos venido haciendo en salud, ahora con la Universidad Autónoma de Chiapas con mil 500 millones de pesos y para salud de dos mil millones de pesos”.
En Nayarit el acuerdo fue de 400 millones de pesos; en Oaxaca, de dos mil 500 millones y le faltan dos mil 300 millones más. Con el municipio de Cozumel, en Quintana Roo, fue de 30 millones y con San Luis Potosí, de mil 800 millones. Todos se negociaron a pagar en un plazo máximo de 15 años.
“Tenemos otros desafíos con otros gobiernos estatales, es decir todavía hay otros 58 mil millones de pesos que aún no se han convenido. Seguimos haciendo esfuerzos para acercarnos a las dependencias, con los estados, y que se acojan a estas facilidades que da la Ley de Ingresos, porque de lo contrario nos vemos obligados a voltearnos con (la Secretaría de) Hacienda y a que les retengan participaciones”.
El adeudo de 68 mil millones se distribuye en 28 o 29 estados y “hay tres o cuatro entidades que no nos deben nada”.
Entre las deudoras hay instituciones de salud, universidades e instituciones de administración del agua. “Son recursos que los gobiernos estatales retienen y no le enteran al ISSSTE, o bien en su caso las universidades los retienen y no los enteran, por lo que el estado es el respaldo, la garantía y a quien se le cobra.
“Nosotros lo que hacemos mes con mes es voltearnos con Hacienda y pedir que les retengan las participaciones a las dependencias, pero es la Secretaría de Hacienda la que fija cuánto se le retiene”.
El directivo señala que eso es producto de la combinación de varios factores. No duda que también fuera corrupción. Otro, porque muchas veces se les hace fácil a los secretarios de Finanzas de los estados tomar el dinero de ahí para después devolverlo y al final no lo devuelven. Lo que sí es un hecho es que es un recurso que no le reportan al ISSSTE y le generan al trabajador un problema porque la mayoría de los recursos son los que van a las cuentas individuales de vivienda o a sus afores.
El papel del instituto es “asegurase que las cuotas y aportaciones ingresen al instituto y sobre todo lleguen a las cuentas de los trabajadores”, afirma.
“El exhorto es a los gobernadores, a los secretarios de finanzas, a los rectores de las universidades, a los que administran la salud en los estados, a que estos recursos que ellos retienen a los trabajadores los entreguen de manera inmediata al ISSSTE”.
Comentó que las tiendas tenían déficit por casi diez años seguido y hoy casi alanzamos una situación superavitaria de más de 88 millones de pesos. Lo mismo sucede en el caso de Turisssste, que de tener pérdidas ahora cuentan con un superávit de 56 millones de pesos.
Anuncia que trabaja junto con el IMSS para llegar a un acuerdo de intercambio de servicios que concluya con la “privatización del servicio subrogado” en zonas rurales, un mecanismo que llevó a contratar médicos particulares para brindar llevar el servicio a esos sitios.
Comenta que en medio de la pandemia el Insabi contrató a más de cuatro mil 300 médicos, pero el principal reto será basificar a cerca de 14 mil trabajadores que trabajan por suplencias y honorarios.
El principal desafío será reabrir los servicios médicos a los derechohabientes una vez que se atendió a casi 90 mil pacientes con Covid-19 en los dos últimos años.
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