Un estudio elaborado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) concluyó que el despliegue de la Guardia Nacional (GN) a lo largo y ancho del país, contrario a su función como cuerpo de seguridad, provoca una “gran tensión” con los derechos humanos de grupos civiles en las dos fronteras del país.
De acuerdo con el estudio Libertad de expresión en México 2021: Grupos vulnerables en la frontera norte y sur, la tensión se debe a los enfrentamientos de integrantes de este cuerpo de seguridad con migrantes en la frontera sur y con agricultores en la frontera norte.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en junio de 2021 que enviaría una iniciativa de reforma constitucional para que la GN sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ante el anuncio, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, bajo la coordinación de Casede, iniciaron este estudio para evaluar el desempeño del cuerpo de seguridad ante dos acontecimientos: el ingreso de las caravanas migrantes desde Centroamérica por la frontera sur de México y las protestas de agricultores de la frontera norte en La Boquilla luego de que se incrementara la extracción en la presa para el pago del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, lo que causó el colapso de los sistemas de riego en el estado de Chihuahua.
Del estudio de ambos casos, el informe encontró que los protocolos de actuación del cuerpo creado por López Obrador no fueron los más convenientes. Mientras que “en la frontera sur, la GN ejerció la fuerza contra migrantes centroamericanos organizados en caravanas, en la frontera norte, la ejerció contra civiles en la cuenca del Río Conchos, fijando un dique armado que les impedía el acceso a la presa”.
“En síntesis, la Guardia Nacional, al desplegarse está en una gran tensión, porque a los migrantes se les bloquea un camino largo e incierto y a los agricultores el acceso al agua necesaria para su subsistencia. Este es un dilema permanente de la GN entre su función como cuerpo de seguridad y los derechos humanos”, concluye el estudio.
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