Ocho de los nueve consejeros consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron este jueves la decisión de no impugnar la reforma aprobada por el Senado el pasado 8 de septiembre que traslada el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
En un desplegado, la mayoría de los consejeros dejaron clara su postura frente al posicionamiento de 16 páginas que emitió la CNDH cinco días después de haberse aprobado la reforma y donde adelantó que no presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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“Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, sostuvieron.
Esta es la segunda vez que los consejeros se desmarcan de la institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra. La primera ocasión fue apenas la semana pasada, previo a la discusión y votación de la iniciativa en el Senado, cuando ante la inacción de la CNDH seis de sus nueve consejeros le solicitaron a la presidenta del organismo impugnar la reforma.
Requerimiento que fue desestimado varios días después por la propia Comisión, ya que desde su perspectiva consideró que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es “admisible” dado el contexto de violencia e inseguridad que vive México.
Aunque la reforma es considerada por organizaciones civiles como Amnistía Internacional y la propia Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como preocupante, por dejar que los militares tomen el mando en labores de seguridad pública, la CNDH razonó que “dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible”.
El organismo se limitó a justificar la operatividad de las Fuerzas Armadas al señalar que las policías locales y municipales no han podido contener el avance de la delincuencia organizada en el país y recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Sedena y la Guardia Nacional son de las instituciones que más confianza dan a la ciudadanía.
Sin embargo, ahora con dos integrantes más de su lado, los consejeros emitieron un nuevo mensaje en el que se dijeron convencidos de que la reforma tendrá un impacto negativo en los derechos humanos del país, por lo que todos, salvo María del Rosario Torres Mata, firmaron el documento en contra de lo señalado por la presidenta de la CNDH y se comprometieron a apoyar las iniciativas ciudadanas que busquen revertir la reforma, además de dar acompañamiento a potenciales víctimas de derechos humanos derivadas lo aprobado por el Congreso de la Unión.
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