La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la revisión de las investigaciones que esa dependencia realizó en el año 2007 en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena que fue presuntamente violada por soldados en el poblado de Zongolica, Veracruz y que fue catalogado por sus familiares como crimen de estado.
A través de un comunicado, la Comisión liderada por Rosario Piedra Ibarra informó su decisión de que se inicie la revisión de su recomendación 34/2007, con la que la entonces administración, liderada por el exombudsman José Luis Soberanes Fernández, “buscó posicionarse de forma indebida y precipitada” respecto a la grave y múltiple violación a los derechos humanos de Ernestina Ascencio.
Esto ocurre luego de que familiares de Ernestina agotaron todos los recursos legales para obtener justicia en el país, razón por la cual acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tomó el caso nueve años después para posicionarlo en el marco internacional.
Ernestina Ascencio fue una mujer indígena náhuatl quien el 25 de febrero de 2007 habría sido violada y agredida sexualmente por miembros del 63 Batallón de Infantería del ejército, quienes la noche anterior habían instalado un campamento en las cercanías de su hogar, mismos que fueron identificados por la mujer antes de morir.
Tras 10 horas de buscar recibir atención médica sin conseguirla y posteriormente hospitalizada en un lugar que no contaba con traductores para brindarle la atención médica correspondiente, la madrugada del 26 de febrero Ernestina falleció debido a las graves lesiones que incluían “múltiples desgarros en las regiones vaginal y anal”, según constó en su necropsia.
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El caso trascendió debido a que días después de las denuncias correspondientes, el 13 de marzo el entonces presidente Felipe Calderón sostuvo que dicha mujer falleció por “gastritis crónica”, versión que fue avalada por la CNDH el 29 de marzo y posteriormente por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, quien dictó el ejercicio de la no acción penal en el caso.
Hoy, tras 14 años sin recibir justicia, se abre una nueva puerta ante la decisión de la CNDH de abrir la investigación en la que busca aclarar la gravedad de los hechos denunciados en cuanto a la violación al derecho a la vida, garantías y protección judicial, honra, salud, reconocimiento a su identidad, acceso a una vida libre de violencia y a no ser torturada ni recibir tratos crueles, inhumanos o degrandates y a la no discriminación, de los que fue victima Ernestina Ascencio.
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