El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recurren a compras hormiga en armerías de Arizona para surtirse de equipo de tipo militar. Para ello contactan a jóvenes que residen en Estados Unidos y que tienen familiares en México, así como a empleados de las armerías, de acuerdo con la demanda que el mes pasado interpuso México en contra de Diamondback Shooting Sports, Tactical, The Hub, Ammo A-Z y Sprague´s Sports, cinco empresas de Arizona dedicadas a la venta de armamento.
"Los acusados saben o deberían saber que sus prácticas comerciales imprudentes e ilegales (...) suministran a delincuentes peligrosos en México y Estados Unidos", dice la demanda.
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Se trata del segundo recurso legal después del desechado por un juez de Boston contra ocho fabricantes. Con ambas demandas, México busca frenar el tráfico de armamento hacia nuestro país.
“Tienes 10 condados en Estados Unidos que venden la mayor parte de esas armas (...) Es imposible que no tengan conciencia, o no sepan que hay un tráfico", dice el canciller Marcelo Ebrard.
“Estamos demandándolos porque, de acuerdo con la nueva legislación en Estados Unidos que se aprobó en junio de este año y ya entró en vigor, el tráfico ya es un delito federal. Esto es lo que estamos invocando en Arizona”, precisa el secretario de Relaciones Exteriores.
La demanda de 180 páginas, revisada por El Sol de México, retoma testimonios de personas que participaron en las transacciones y que en su momento brindaron información a la Agencia de Tabaco y Alcohol de Estados Unidos (ATF).
Tal es el caso de Daniel que, por instrucciones de Rodrigo, adquirió en 2018 un rifle Barrett calibre .50 entre otras compras que realizó durante varios meses, lo que debió alertar a los vendedores. Fue una cantidad de armas importante, todas adquiridas con efectivo y, principalmente, por jóvenes estadounidenses con familia o relaciones en México. Incluso hay casos de personas que acudieron a realizar este tipo de compras minoristas varias veces al día o durante varios días.
Mediante sus intermediarios, Rodrigo adquirió 57 armas, durante seis meses, en la armería Sprague’s Sports, y los ocho cómplices declararon que les pagó y proveyó de dinero en efectivo e instrucciones sobre qué armas comprar, mismas que posteriormente le entregaron a él para su venta en México. También se incluyen los casos de Francisco Darío y Pedro Adán, señalados por la ATF de traficar 40 armas a México en 2019, incluidos rifles tipo AK y AR, pistolas de distintos calibres, 25 mil municiones y 760 cargadores para dichos rifles, cada uno con capacidad para 30 disparos.
Con base en notificaciones, demandas y publicaciones en medios de comunicación sobre la recuperación de armas por parte de la ATF, México afirma que son cinco las armerías que venden insumos a los cárteles mexicanos: Diamondback Shooting Sports (Tucson), SNG Tactical (Tucson), Loan Prairie, conocida como The Hub Target Sports (Tucson), Ammo A-Z (Phoenix), y Sprague’s Sports (Yuma).
De acuerdo con lo señalado en la demanda, cada año esas empresas vendieron entre 840 y dos mil 103 de las armas usadas por organizaciones criminales.
La venta de armas que llegan a los cárteles mexicanos es un negocio muy lucrativo para las armerías de Estados Unidos, sostiene el Gobierno de México, y menciona que ejemplo de ello es el crecimiento de este tipo de tiendas en California, Texas, Nuevo México y Arizona, toda vez que en 2010 había ocho mil 354 armerías con licencia y en 2019 se sumaron otras mil 569.
“Sin la demanda de armas de los cárteles mexicanos cerca de 47 por ciento de vendedores de armas en Estados Unidos, especialmente en estados fronterizos, tendrían que cerrar sus tiendas”, precisa la segunda demanda interpuesta ante la Corte Federal de Distrito de Tucson.
Según cálculos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aproximadamente 60 por ciento de las armas incautadas en México en los últimos años se habrían vendido en 10 condados de Estados Unidos, la mayoría a lo largo de la frontera con nuestro país.
Esto coincide con información del Departamento de Justicia que identifica que menos del 10 por ciento de los comercios que hay en Estados Unidos venden 90 por ciento de las armas ilegales.
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En su demanda, el Gobierno mexicano destaca que las armerías deben contar con una licencia federal de armas de fuego para poder vender armas en Estados Unidos. Asimismo, advierte que es ilegal auxiliar y/o conspirar con terceros para que estos puedan vender armas sin contar con la licencia referida, por lo cual acusa a las cinco armerías.
En ese mismo sentido, los comerciantes legales de armas que las venden sabiendo que se comete un acto ilegal y no lo denuncian, lo encubren.
El vendedor debe llenar un apartado en el que se obliga a no entregar o vender armas si sabe o tiene elementos suficientes para considerar que el comprador no dice la verdad. Incluso, existe un tipo penal denominado “straw purchase” (venta a terceros o prestanombres).
De acuerdo con la demanda, las empresas señaladas, además de comercializar las armas de tipo militar, ofrecen cursos sobre su uso y manejo.
El secretario de Relaciones Exteriores dice que es un tema serio y prioridad para México. Esperan sanciones penales, que sirvan como disuasivo, para que no sigan vendiendo armas a cárteles. "Más que una indemnización, es una responsabilidad penal", advierte Ebrard.
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