Este lunes, los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirán al sucesor o sucesora de Arturo Zaldívar, quien dejó su cargo este 31 de diciembre tras cuatro años al frente del Poder Judicial federal.
Alrededor de las 12 del mediodía, iniciará el proceso por el cual se conocerá a su recambio en el Máximo Tribunal del país, cargo por el que aspiran Yasmín Esquivel −quien enfrenta una acusación de plagio de su tesis de licenciatura−, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña.
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Como cada cuatro años, la elección será con el voto secreto de los 11 ministros y ministras, en donde cada uno de los aspirantes puede votar por sí mismo y al final averiguar si le fueron suficientes para pasar a la siguiente ronda.
Para hacerse del voto de sus pares, los cinco ministros y ministras aspirantes hicieron público el pasado 6 de diciembre su proyecto de trabajo con el que pretenden encabezar al Poder Judicial de la Federación.
En estos, los principales puntos de coincidencia recayeron sobre la unidad y representatividad de la Suprema Corte, la accesibilidad que debe tener la sociedad a los diferentes procesos del Pleno, mayor transparencia en el gasto público y la independencia del Poder Judicial ante los demás poderes federales.
Sobre la unidad del Alto Tribunal, los candidatos estiman que quien ejerza la presidencia debe encargarse de representar la voluntad de los 11 integrantes del Pleno y no sólo del presidente −como muchas veces se le criticó al propio Zaldívar−. Consideran, pues, que debe de haber mayor consenso en la toma de decisiones y no un mandato unilateral.
“El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es y debe ser la voz del Pleno. La presidencia de la Suprema Corte debe ejercerse como una auténtica representación de la voluntad del Pleno de Ministras y Ministros que conforman el máximo tribunal. No es un cargo o encargo de ejercicio individual, ni puede traducirse en un proyecto personal”, señala el proyecto del ministro Laynez.
La mayoría de los ministros también hicieron hincapié en que se transite hacia la publicación de sentencias y a una comunicación social “ciudadanizada” y más accesible al grueso de la población, con el propósito de que se genere más discusión pública. Esto, señalan, se debe procurar no sólo mediante una plataforma más fácil de operar, sino también con un lenguaje menos técnico.
En este sentido Yasmín Esquivel propuso establecer más comunicación más directa con la ciudadanía, generando plataformas donde el público pueda calificar el desempeño de los ministros, mientras, en concordancia con el enfoque de su proyecto volcado a la renovación tecnológica, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró correcto mantener la activa presencia en redes sociales, pero siempre con el respaldo de sus compañeros.
En cuanto al manejo de los recursos todos estiman importante que haya un mayor control y transparencia de ellos, sin embargo, el ministro Layne Potisek fue un poco más allá y propuso la creación de un Observatorio Ciudadano para las Adquisiciones, el cual se encargará de supervisar las licitaciones del Poder Judicial.
Asimismo, todos coinciden en seguir impulsando la igualdad de género que procuró el saliente presidente Arturo Zaldívar, por lo que ministros como Pérez Dayán aseguraron que en caso de ser electos habrá cero tolerancia a estos casos, mientras que la ministra Piña Hernández incluso consideró necesario el diseño e implementación de más medidas en materia de género y la capacitación de los trabajadores en este sentido.
Son pocos los puntos “centrales” en los que se diferencian los aspirantes, su discrepancia se centra más bien en las acciones para generar esos cambios y continuar con las acciones que consideran se deben mantener, no obstante, sí hay algunos puntos en los que se pueden diferenciar, ya que algunos ponen más o menos atención en los derechos humanos, la atención a las minorías y la transparencia procesal.
Pese a esto, también existen sustanciales diferencias en los proyectos, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel es una de los pocos candidatos que centran parte de su plan de trabajo en los integrantes del Poder Judicial en el sentido más “básico”, con capacitación continua y la conciliación de la vida personal y laboral, donde los trabajadores puedan pasar más tiempo con sus familias.
También propone la comisión de ministras y ministros en retiro, de quienes buscaría aprovechar sus conocimientos para que asesoren y propongan acciones a la presidencia de la Corte.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pretende transitar de un Poder Judicial análogo a uno actualizado mediante el desarrollo de tecnologías de la información enfocado en el cuidado del medioambiente, así como la creación de tribunales especializados en la materia y juzgados virtuales.
El ministro Laynez Potisek, además de diferenciarse en su proyecto con la creación del Observatorio Ciudadano para las licitaciones, también destaca por ser el único en proponer directamente la supresión de áreas administrativas que dupliquen funciones y la fusión de otras, con el fin de generar un mayor ahorro en el gasto. Resalta también la iniciativa de generar sentencias simplificadas cuando los casos impliquen personas de los grupos vulnerables.
La transparencia en el gasto público, la cero tolerancia al acoso, al nepotismo, el hostigamiento laboral y la corrupción parecen ser las principales banderas del ministro Alberto Pérez Dayán, aunque también resalta el ejercicio austero de los recursos y la evaluación en la integridad de los aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial, antes incluso de que les sean asignado.
Para frenar las malas prácticas, la ministra Norma Lucía Piña Hernández propone aplicar el Sistema Nacional Anticorrupción en el Poder Judicial, la creación de la Comisión Anticorrupción y de un nuevo código de ética. Asimismo, se centra en la igualdad y perspectiva de género mediante la creación de una Unidad General que sirva como fuente de conocimiento para asesorar a las ponencias en casos que puedan marcar precedentes judiciales en la materia.
Así pues, los 11 ministros y ministras llevarán a cabo la votación que definirá la presidencia del Poder Judicial hasta el 31 de diciembre de 2026.
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