A dos meses de iniciado, el proceso electoral se desarrolla en un vacío legal que provocará un incremento en las quejas y denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coincidieron exintegrantes del Consejo General del INE.
Dicho vacío legal tienen su origen en la falta de la ley secundaria del artículo 134 sobre uso de programas sociales, gastos en comunicación social y promoción de informes de actividades, mismos que pese a tener una prohibición constitucional para que tengan un fin electoral, carecen de normatividad.
Desde la reforma electoral de 2007 se ordenaba al Congreso federal publicar la Ley reglamentaria al artículo 134, sin embargo eso no ha pasado; incluso ya se aprobó otra reforma electoral y los legisladores siguen con esa omisión, misma que ya llegó a la Suprema Corte que discutirá este 15 de noviembre un amparo para obligarlo a diputados y senadores a cumplir con este mandato.
Esta omisión legislativa se ve en los recursos que partidos políticos interponen cada elección, pues en los últimos tres procesos electorales federales han crecido. Así, mientras en 2009 fueron 309, en 2015 llegaron a 534, y para el próximo año se prevén más.
FALLAS DE ORIGEN
El 5 de octubre pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia que echó abajo los lineamientos que reglamentaban el uso de programas sociales y propaganda gubernamental durante el proceso electoral 2018.
La consejera Pamela San Martín Ríos y Valles se dijo sorprendida por esta sentencia, ya que por un lado, no era la primera vez que el INE (o su antecesor, el IFE) emitía lineamientos de este tipo; los hizo en 2009, 2012 y 2015 con aval del mismo Tribunal, que ahora, bajo el argumento de que estaban sobrepasando sus atribuciones, los desechó llanamente.
“Las reglas que habíamos emitido no solo daban mayor equidad entre los contendientes, sino también permitían prevenir conductas indebidas al establecer de antemano que algo no sería permitido, ahora no estaremos en condiciones de frenarlo de antemano, sino que tendrá que ser caso por caso de acuerdo a lo que determinó el Tribunal”, consideró San Martín Ríos y Valles.
Estos lineamientos marcaban las siguientes prohibiciones: en periodo electoral ningún programa social podría operar sin reglas de operación publicadas previamente, no se podrían crear nuevos programas sociales; el gasto en comunicación social solo sería para promocionar políticas públicas (como de salud o educación), no para promocionar logros; y en el caso de los informes que por obligación deben de presentar servidores públicos, éstos no deberán de contener promoción personalizada.
Tras desechar estos lineamientos, queda vaga la línea de cuándo algún funcionario o gobierno cae en una acción violatoria de la ley y cuándo no.
“El INE tiene menos instrumentos de arbitraje en materia de regulación de la contienda electoral, y los candidatos y los partidos pueden hacer todo aquello que no está prohibido en la ley, más bien van a hacer cosas que no están contempladas en la ley”, explicó Luis Carlos Ugalde.
