El pasado 4 de septiembre, 820 jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitaron medidas provisionales al Departamento de Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las medidas que solicitan está que estos organismos internacionales pidan la suspensión de la reforma judicial al Gobierno de México.
A través de dos oficios (el dirigido a la ONU signado por 370 jueces y el de la CIDH por 450 juzgadores) los impartidores de justicia solicitan que estos organismos internacionales implementen medidas provisionales en México para frenar la reforma judicial que discute el Congreso de la Unión.
En el oficio dirigido a la ONU, los quejosos advierten que en el último sexenio han sido víctimas de constantes ataques desde el Gobierno federal, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hechos que han escalado hasta la iniciativa de reforma, que apuntan, “buscan concretar el cese masivo de todo el poder judicial en el que nos desempeñamos cada una de las trescientas setenta personas juzgadoras que suscribimos la presente Comunicación”.
Los inconformes con la reforma judicial señalan que ésta vulnera el derecho humano de la independencia judicial, por lo que solicitan al Departamento de Asuntos Políticos de la ONU su intervención mediante la implementación de medidas provisionales contra México.
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“Solicitamos que se adopten medidas provisionales para la protección de los derechos humanos de cada una de las personas que suscribimos esta Comunicación considerando que, de consumarse el cese de nuestra función pública que actualmente se prepara desde las más altas esferas del poder político en México, sobrevendrán en nuestro perjuicio daños irreparables”, indica el oficio.
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En otro documento, también enviado el pasado 4 de septiembre, 450 impartidores de justicia piden a la CIDH que soliciten al Poder Ejecutivo y Legislativo de México que se suspenda la discusión de la reforma judicial.
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