La organización (Des)arma México, el Semanario sobre Violencia y Paz y Schütte&Dels Gojon Abogados, presentaron ante la Fiscalía General de la República, documentos que revelan que el gobierno mexicano sabía del operativo “Rápido y Furioso” mediante el cual el gobierno de Estados Unidos permitió la introducción ilegal a nuestro país de cientos de armas de grueso calibre como una estrategia para desmantelas a los carteles de la droga.
En el escrito piden sean citados a declarar los ex Procuradores Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Maricela Morales Ibáñez, así como los titulares de SEIDO, SSP, CISEN, Sedena, Semar y de la Oficina de la Presidencia de la República, quienes están involucrados en el caso.
Entre los documentos entregados para que formen parte de la denuncia que presentaron en 2014, se encuentra una comunicación entre agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos en la que un agente describe a otro un operativo de trasiego vigilado realizado el 26 de septiembre del 2007, donde se queja de que las autoridades mexicanas “habían perdido de vista el convoy, es decir a los traficantes de armas”.
Así como un informe del Congreso de Estados Unidos en el que el agregado de la ATF discutió la pérdida de las armas con el entonces titular de la PGR; también se documentó que funcionarios de Estados Unidos detallaron a representantes de la PGR y SEIDO, sobre la implementación de Rápido y Furioso e incluso se les “permitió atestiguar desde el centro de comando la operación” que resultó fallida.
En el escrito, las organizaciones y el despacho de abogados solicitan se cite a declarar a funcionarios estadounidenses que suscriben las comunicaciones aportadas para que informen el nombre y apellido de los funcionarios mexicanos a los que hacen referencia y/o que se solicite dicha información a las agencias a las que éstos pertenecieron.
“Nos parece fundamental destacar que la Fiscalía General de la República ya cuenta con indicio incontrovertibles de aquello que algunos han negado categóricamente (y por tanto de la falsedad de estos dichos), a saber, que autoridades mexicanas tuvieorn pleno conocimiento del operativo Rápido y Furioso (y participaron activamente en sus predecesores)”, señala en el escrito dirigido al fiscal General, Alejandro Gertz Manero.
Lo que se busca, dicen, es que se conozca quiénes tuvieron la encomienda de vigilar desde México la entrega “controlada” de armas el 26 de septiembre de 2007 y las “perdieron de vista”, así como quiénes estuvieron presentes “en el centro de comando durante la mayoría del desarrollo del operativo Rápido y Furioso”, (tal y como lo señalan los documentos aportados).
En la parte jurídica, sostienen que se acrediten los elementos del Cuerpo del Delito y la Probable Responsabilidad, se consigne el expediente en Ejercicio de la Acción Penal y se solicite el libramiento de las correspondientes órdenes de aprehensión.
Desde el 2014, la iniciativa ciudadana Desarma México presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta complicidad del gobierno mexicano con Estados Unidos en el programa Rápido y Furioso.
En ese entonces, el ya fallecido Gonzalo Aguilar Zínser, miembro del grupo de intelectuales y activistas que conforman el movimiento, dijo que México siempre conoció el ingreso ilegal de armas de grueso calibre al país a través de los narcotraficantes.
“Tan sólo en 2004 entraron al país dos mil 800 armas de alto impacto. Esta denuncia es para que el Estado sepa que la sociedad civil tiene capacidad de denunciar las grandes decisiones y cómo afectan a los mexicanos”, dijo.
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