Al término de la audiencia inicial, el Juez de Control adscrito al distrito judicial con sede en la Ciudad de México, declaró la legalización de la detención del exgobernador veracruzano, Javier “N”, difundió la Fiscalía General del Estado. El exmandatario permanece en el reclusorio de la capital del país por la presunta comisión de delitos de orden federal.
El pasado 14 de mayo, al exfuncionario se le notificó el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión giradas por un juez radicado en Pacho Viejo, Coatepec, se informó.
El Juez de Control dio procedencia a la formulación de imputación presentada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), quien en cumplimiento a una orden federal, realizó la representación ministerial.
A la capital del país acudieron el Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, el Visitador General, Marcos Even Torres Zamudio y fiscales especializados de la fiscalía veracruzana, quienes estuvieron presentes en la sala de juicios orales del Reclusorio Norte de la ciudad de México, donde se realizó la audiencia.
Javier “N” fue imputado por la probable comisión de los delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, como parte del Proceso Penal 38/2017 y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, formulados en el Proceso Penal 56/2017.
La autoridad judicial capitalina impuso al exgobernador de Veracruz, la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, vigente por el tiempo que dure el proceso y estableció el próximo 20 de mayo del año en curso, como la fecha para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso.
Se le imputan los hechos ocurridos el pasado 14 de octubre de 2016, cuando ocupó una aeronave propiedad estatal, para realizar un asunto particular, cuando ya no se encontraba en funciones como Gobernador del Estado, cuya licencia al cargo fue emitida el 12 de ese mismo mes; asimismo, que en su momento no cumplió con la obligación de efectuar la entrega oficial de bienes que se encontraban bajo su responsabilidad, a su sucesor, toda vez que no existe archivo de ello.
A su vez, se le atribuye la probable comisión de emitir una orden de transferencia de 220 millones de pesos que serían destinados a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), los cuales instruyó se transfirieran a una cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), sin importar que eran recursos debidamente etiquetados para fines específicos distintos, hechos ocurridos en el año 2014.
El exgobernador está interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por enfrentar procesos de orden penal por presunta autoría de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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