Con la finalidad de contribuir a un sistema de justicia cercano a la ciudadanía y que atienda los conflictos derivados de la convivencia cotidiana, el gobierno federal impulsa el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad como un instrumento con el que las autoridades municipales atiendan los delitos menores.
Este nuevo modelo, que se implementará a nivel nacional, reemplazará al conocido Bando de Policía y Buen Gobierno, y entre sus objetivos está el de fortalecer a los municipios para una mejor cercanía con la población, e imponer la figura del juez cívico como responsable primario de la justicia cotidiana.
Esta nueva estrategia fue detallada en agosto pasado en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que en enero empezará a operar el nuevo sistema en Monterrey.
La propuesta está basada en cinco características distintivas: una visión sistémica, audiencias públicas, actualización policial con enfoque de proximidad, medidas para mejorar la convivencia cotidiana y mecanismos alternativos en los casos de solución de controversias.
Refiere que este modelo de justicia cívica va a permitir generar condiciones para los jueces cívicos, los juzgados cívicos, los policías podrán realizar la sanción de conductas menores que merecen una multa o un arresto administrativo de hasta 36 horas, para impulsar políticas de mediación policial o de mediación comunitaria, para atender aquellas circunstancias que pueden lesionar el tejido social que, si bien son conductas menores, al prevenirlas contribuimos a prevenir la violencia y conductas de mayores dimensiones.
Señala que en los primeros meses del próximo año, tendremos que estar al 100% bien implementada, Monterrey tiene la ventaja de que ya conocemos el modelo, conocemos cómo se vino desarrollando en las pruebas previas.
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