INE tiene 5 días para candidaturas y fiscalizaciones

A cinco días del inicio de las campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene pendiente el análisis de la elegibilidad de los candidatos por partidos políticos, incluidos las presidenciables, además de concluir la fiscalización de los aspirantes independientes, además de darle trámite a las impugnaciones que presentarán los inconformes por la validación de firmas de apoyo.

La aprobación de las candidaturas correrá en dos vías, dependiendo del tipo de registro solicitado: partidista o independiente.

En el caso de los abanderados por algún instituto político, esta semana ya se aprobaron los proyectos de fiscalización de la etapa de precampañas, por lo que Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Andrés Manuel López Obrador están casi amarrados en la boleta del 1 de julio.

Aunque el INE les detectó irregularidades en la fiscalización de los tres (por lo que en total les impuso multas por 4.8 millones de pesos), el hecho de que hayan entregado sus informes antes de la fecha límite los hace cumplidores de una de los requisitos para ser candidatos.

A UN PASO DE LA BOLETA

La única barrera que tendrán que sortear Anaya, Meade y López Obrador es la sesión del 29 de marzo donde se votará el proyecto sobre la elegibilidad de los tres para el cargo de Presidente de la República.

Es decir, se verá si cumplieron con los requisitos de ley y con las reglas internas de los partidos para tal encargo.

Junto a ellos, el INE hará lo propio para los demás cargos de elección popular a nivel federal, destacando que ahí se despejarán las dudas sobre si personajes como Napoleón Gómez Urrutia, Miguel Ángel Mancera o Manuel Velasco cumplen con los requisitos, pues al primero se le acusa de no cumplir con la residencia y es inelegible por contar con doble nacionalidad; mientras que los últimos dos hay restricciones en el artículo 55 constitucional para que los gobernadores y el Jefe de Gobierno sean candidatos plurinominales.

En el caso de las candidaturas independientes, una vez que el Consejo General aprobó el proyecto sobre las firmas de apoyo, donde la única que alcanzó el umbral fue Margarita Zavala, ahora resta votar trámite el proyecto de fiscalización en la etapa de recolección de apoyos, lo cual ocurrirá el 28 de marzo.

FISCALIZACIÓN DE ZAVALA

En este caso, como viene la propuesta de la Comisión de Fiscalización, no puede tomarse como un simple trámite ya que en el documento se señala que Zavala tiene 10 millones de pesos de ingresos sin comprobar, por lo que en caso de que no se solvente esa irregularidad el dinero será catalogado como de procedencia ilícita, situación que pondría en riesgo su registro ya que la ley marca que ningún candidato independiente obtendrá su registro si financió la recolección de firmas con dinero ilícito.

En el caso de Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter, tienen recursos legales para buscar el registro. En el caso de las firmas, el INE les invalidó miles de apoyos por simulación o porque eran fotocopias de credenciales.

Ambos adelantaron que irán al Tribunal Electoral para impugnar. En el caso de Ríos Piter su apuesta es tumbar la revisión de la autoridad electoral para colarse a la boleta, mientras que el Broncotiene más opciones, ya que sólo necesita poco más de 16 mil firmas para alcanzar el umbral, por lo que él apostaría a recuperarlas.

El problema que tienen es el tiempo marcado por la ley. El viernes el INE aprobó el proyecto, por lo que ya están corriendo los cuatro días que marca la ley para presentar la impugnación, a esos hay que sumarles otros tres que tiene el INE para presentar la documentación requerida.

Por lo tal, el Tribunal estaría analizando la impugnación a partir del viernes 30 de marzo, justo el día que comienzan las campañas.

A eso hay que agregarle el tiempo que tardará la Sala Superior en analizar el caso y emitir sentencia, que dependiendo de la complejidad, tardaría otra semana. Es decir, aunque ganen la candidatura en tribunales, perderían hasta una semana de campaña, algo que ya ni una sentencia judicial podría resarcir.