La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) “es como una calle aquí en la Ciudad de México, como Periférico o Viaducto, que todas las personas podemos utilizar las 24 horas del día, los siete días de la semana siempre y cuando se respeten las normas administrativas correspondientes”, señaló Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), quien cuestiona cual será el destino de esta herramienta, pues no está contemplado en la reforma que extingue a este instituto aprobada por diputados el miércoles.
En entrevista con El Sol de México, Alcalá señala que la reforma no desaparece el derecho de los ciudadanos a la información, pero está en juego quien va a garantizar ese derecho, que hasta ahora ha tutelado el Inai.
Pide claridad en el dictamen de la reforma constitucional para saber en manos de que dependencia o poder quedarán los 15 mil millones de datos que alberga la PNT.
¿Cuál es su impresión ante la desaparición de organismos autónomos?
Es importante mencionar que no desaparecen los derechos que tenemos como ciudadanos lo que está en riesgo (...) es quién va a garantizar esos derechos, quién va a ser el árbitro, quién va a ser el juez, quién va a ser el árbitro que va a resolver de una negativa de información, de una inexistencia de información o una ausencia de respuesta. Actualmente todavía seguimos recibiendo quejas porque los entes públicos no responden la información, ni siquiera se dan el tiempo para atenderlo.
¿Cómo se resguardarán los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia?, ¿que va a pasar con esos archivos?
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(La reforma) no dice nada de eso, no dice nada de la Plataforma Nacional Transparencia y es otra preocupación que nosotros hemos externado. ¿Qué va a pasar con la plataforma Nacional de Transparencia? Es un bien, es una herramienta del dominio público, alberga datos públicos que se han acumulado. Es un repositorio más de 15 mil millones de datos públicos de todas las instancias del país, tanto municipales y estatales, como federales y que hemos logrado este agrupamiento, pero no se dice nada. Quisiéramos que hubiera claridad desde el dictamen constitucional que está por aprobarse.
¿Quién va a resguardar estos 15 mil millones de archivos?
Nosotros hemos apostado al diálogo y lo hemos pedido. Primero, nosotros somos autónomos y no dependemos de ningún poder. ¿A quién se la vamos a entregar?, ¿a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno?, ¿al Poder Judicial?, ¿al Poder Legislativo?, ¿a un autónomo? Lo que hasta este momento obra en la Plataforma Nacional de Transparencia que debe ser accesible para todas las personas para que hagan consultas históricas y hagan lo que sea, es un bien del dominio público y cuando se habla bien del dominio público es como una calle aquí en la Ciudad de México, como Periférico o Viaducto, que todas las personas la podemos utilizar las 24 horas del día, los siete días en la semana, siempre y cuando respeten las normas administrativas correspondientes, pero entonces, ¿en manos de quién estará?, ¿qué restricciones tendrá? Para mí, no tendría ninguna restricción que me consulten cualquier información que en la Plataforma Nacional de Transparencia, porque la información que está ahí es pública y ya pasó por nuestro test.
¿De no existir esta Plataforma Nacional, qué pasaría?
En 2007, se incorporaron al ejercicio de los derechos (de acceso a la información) los procedimientos electrónicos y a partir de ahí, pues obviamente se facilita el ejercicio de los derechos, porque tú, hoy, desde la Ciudad de México puedes pedir información al gobierno de Chihuahua o al gobierno de Tlaxcala; sin necesidad de tomar un avión, un autobús, un coche ir hasta Chihuahua a pedir la información.
Las y los mexicanos pierden un solo punto de acceso para acceder a la información de los más de ocho mil sujetos obligados de todo el territorio nacional. (La PNT) es un punto de conexión con todos los sujetos obligados de todo el territorio nacional. Perdemos también la oportunidad de homogeneizar en todo el país el derecho de acceso a la información. Costó mucho (regular) los tiempos de respuesta. En la nueva ley, tiene que estar establecido un plazo homogéneo, un plazo como ahorita.
¿Qué sigue con los comisionados y con el Inai?
Nosotros como pleno optamos por dar a través del diálogo todas las propuestas de rediseño. No fue suficiente, como pleno tocamos todas las puertas posibles, con el Legislativo, el Ejecutivo, y hay que reconocer que estamos en la antesala de una reconfiguración del andamiaje normativo. Estaremos nosotros trabajando hasta el último momento en que la legislación secundaria nos habilite a ser garantes.
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Queremos aportar como responsables y como parte de esta institución por el amor que le tenemos a México. Queremos poder debatir en un ejercicio de parlamento abierto, será el mejor mecanismo para garantizar estos derechos, queremos ser parte de ellos, pero también queremos que la sociedad se sume y participe de manera activa en estos debates y que justo ahí estará el detalle.
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