Las diputadas locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Roxana Montealegre Salvador, Rosalba Calva García y Ricardo Baptista González, propusieron una reforma al código penal de la entidad y la Ley de Salud del estado para permitir la interrupción legal del embarazo.
La diputada Roxana Montealegre Salvador refirió que se debe garantizar a las mujeres el derecho para decidir cuántos hijos quieren tener, por lo que consideró que la penalización del aborto constituye un problema de salud pública.
De acuerdo con Montealegre Salvador, México ha suscrito diferentes acuerdos internacionales en los que se deben garantizar la protección de los derechos de las mujeres para evitar que se presenten casos de violencia y discriminación, además de reconocer que las víctimas de violencia deben ser protegidas por el Estado mexicano.
Recordó que el 23 de octubre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los países que forman parte de la misma para que las mujeres y adolescentes enfrenten desafíos para la protección de derechos humanos.
Asimismo, indicó que las mujeres resultan afectadas por la penalización del aborto, ya que acuden a espacios clandestinos que no son seguros y representan un riesgo para su salud, por lo que enfatizó que el 13 por ciento de las muertes maternas ocurren en contextos inseguros.
Por ello, refirió que se debe garantizar un aborto seguro para las mujeres para que puedan tomar decisiones sobre la reproducción y así decidan sobre sus cuerpos, además de que se reconozcan sus derechos humanos.
Además, cuando una mujer corra peligro podrá practicarse el aborto, cuando fue Víctima de violencia, así como un riesgo para la salud de las madres, por lo que manifestó que no es justificable que se provea a un producto en gestación y ante todo se garantice la salud de las mujeres.
Por su parte, Ricardo Baptista González, también proponente de la iniciativa, sostuvo que el código penal tipifique el aborto después de las 12 semanas de gestación, por lo que se impondrá una sanción de hasta un año de prisión, además de tipificar el aborto obligado hasta con 12 años de prisión cuando se obligue de forma violenta.
Asimismo, se contempla la interrupción legal del embarazo para las mujeres en los Centros de Reinserción Social (Cereso), por lo que se deben generar acciones de concientización de las mujeres para que decidan de forma libre esa decisión, además de que los médicos podrá objetar practicar el embarazo si así lo desean los trabajadores de salud.
Tanto Ricardo Baptista como Roxana Montealegre se abstuvieron en la votación del pasado 12 de diciembre para la despenalización del aborto, pero ahora presentaron una modificación sobre ese tema.
