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A más de año que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) señaló a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de causar daño al erario público por casi 200 millones de pesos, un juez de control de la Ciudad de México ordenó su vinculación a proceso penal del exrector de la Universidad Polítécnica Francisco I. Madero (UPFIM), Juan de Dios N.H.
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Al exfuncionario, que hace un año fue removido de su encargo, se le reprocha “el uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de darle una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos”, según reveló un medio nacional.
La ASEH señaló al exrector de presentar información simulada con la que pretendió acreditar y comprobar la presunta prestación de servicios a través de terceros, dichas observaciones son reflejadas en la tercera y última entrega del informe a la Cuenta Pública 2016 por parte del organismo fiscalizador.
La Auditoría detectó convenios firmado para la prestación de servicios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); sin considerar que la universidad no contaba con la capacidad técnica y humana para la prestación de servicios, bajo el número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016.
La SEDATU solicitó la elaboración de un Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro de Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort, referente al “MAP/Módulo de Atención Primaria”; el levantamiento, diseño y elaboración del padrón (versión electrónica) de las usuarias del Centro Ciudad de las Mujeres.
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Asimismo, el desarrollo del sistema informático en plataforma web para la automatización del registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres en sus diferentes módulos.
Dichos servicios fueron cobrados por la UPFIM mediante nueve facturas y pagados en su totalidad en el 2016 por la SEDATU por un monto de 185 millones 839 mil 500 pesos, actividades para las que simuló contratar a la empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. y a Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V., por las cifras de 42 millones 842 mil pesos y 139 millones 117 mil pesos, respectivamente.
Además, se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de tres millones ochocientos ochenta mil treinta pesos, toda vez que la Universidad obtuvo un beneficio económico no convenido, que utilizó en actividades propias, monto que deberá devolver junto con los 181.9 mdp.
La ASF detectó que las empresas subcontratadas a su vez realizaron pagos a servidores y ex funcionarios públicos de instancias federales, tales como el SEDATU, SEDESOL, CAPUFE, IMSS, SEDENA, PEMEX, SEGOB, entre otras.
El juez de control que dictó el auto de vinculación, Marco Antonio Fuerte Tapia, es el mismo que dicto nueve años de prisión al exgobernador de Veracruz, César Duarte, y una multa de 58 mil pesos, luego que se declarara culpable de asociación delictuosa y lavado.
Y el mismo juez que llevó el asunto de Alejandro Gutiérrez, el contador del PRI, a quién se le señaló del desvió más de 250 millones de pesos.
Cabe recordar que, en Hidalgo, hay otras instancias vinculadas con la denominada “Estafa Maestra”, como lo es la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTT) por presumir un desvió de recursos económicos que alcanzan un monto de 93 millones 532 mil pesos.
La Universidad recibió recursos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), previa contratación de servicios de dicha universidad.
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