Durante el proceso electoral de gobernador, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) conoció de un total de 215 medios de impugnación, 159 relacionados con el proceso electoral 2021-2022, entre los que se encuentran juicios electorales, juicios para la protección de los derechos políticoelectorales, recursos de apelación y procedimientos especiales sancionadores. De acuerdo con la estadística judicial, 76 recursos que también fueron recurridos a instancias federales, fueron confirmados; mientras que 11 fueron revocados y siete más están pendientes de resolver.
Al vencer el plazo para presentar juicios de inconformidad por los resultados electorales obtenidos en la jornada electoral del 5 de junio de 2022, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) dio cuenta de haber recibido, el pasado jueves la impugnación presentada por el equipo de la candidata de la coalición “Va Por Hidalgo”, Carolina Viggiano Austria, para solicitar la anulación del proceso electoral de renovación a la gubernatura del estado, en el cual Julio Menchaca Salazar resultó ganador. Los argumentos para pedir la nulidad del proceso son rebase de tope de gastos de campaña, que estableció el IEEH en 47 millones de pesos; intromisión de funcionarios federales en el proceso electoral para favorecer al candidato de Morena.
La abanderada de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Carolina Viggiano, aseguró que existen elementos jurídicos para que el TEEH anule los comicios del pasado 5 de junio. Cabe señalar que el órgano electoral solo recibió la impugnación de Viggiano, pues los demás candidatos, Francisco Berganza Escorza de Movimiento Ciudadano (MC) y José Luis Lima Morales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no presentaron algún recurso de inconformidad.
Al respecto, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, aseguró que se dará continuidad a la impugnación del proceso electoral, recurso que deberá analizar y sentenciar el Tribunal Electoral local. Lo anterior, dijo, toda vez que se presentaron muchas irregularidades por parte de Morena en las que se involucra a funcionarios públicos de todos los niveles que intervinieron en la campaña electoral.
Además, aseguró que existe evidencia “contundente” de la injerencia de los servidores de la nación y la normalización del delito de coacción del voto a los beneficiarios de los programas sociales. “No podemos permitir que una libertad tan fundamental de los ciudadanos como es el derecho a votar se vea transgredida con amenazas de quitar un derecho constitucional como son el acceso a los programas sociales”, aseveró.