El titular de la Secretaría de Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, informó que acumulan más de mil 200 millones de pesos los desvíos de recursos económicos identificados tanto en municipios como en la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH).
El contralor estatal dijo que de los mil 200 millones de pesos, 600 millones de pesos corresponden al esquema de corrupción conocido como Estafa Siniestra que consiste en 522 millones de pesos de gasto extraordinario de 2022 y 80 millones de pesos por el ejercicio de 2021.
De acuerdo con el encargado de la Contraloría estatal, los otros 600 millones de pesos que se identificaron en la SEPH están distribuidos en 140 millones de pesos depositados a una empresa fachada y por lo cual fue detenido el exsubsecretario de Administración y Finanzas, así como 240 millones de pesos en un gasto de un estudio psicoemocional tras la pandemia y otros 200 millones de pesos en la publicación de libros.
El titular de la Secretaría de Contraloría estatal agregó que existen 15 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 15 ante el Tribunal Administrativo por faltas administrativas graves, 12 contra empresas o contratistas proveedores y 15 más contra la Contraloría estatal.
Agregó que a nivel municipal pueden proceder contra presidentes municipales, tesoreros y contralores internos municipales, mientras que a nivel estatal actúan contra subsecretarios de finanzas que manejaron los recursos económicos y los contralores internos.
Con respecto a las investigaciones contra el excontralor estatal, César Mora Velázquez, el funcionario estatal comentó que se amparó el pasado 23 de febrero y por lo cual no puede dar un posicionamiento al respecto sobre el manejo de los recursos económicos extraordinarios durante la gestión pasada.
Asimismo, indicó que será la ASF la encargada de fiscalizar los proyectos de obras públicas del anterior sexenio como el puente atirantado, el nuevo Hospital General de Pachuca, el revestimiento del río Tula y la carretera Pachuca-Huejutla, ya que se ejecutaron con recursos públicos federales.