El dinero de la cuenta congelada es producto del fondo de los trabajadores y se ha acumulado durante más de 20 años, aseguró Gerardo Sosas Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados federal, Sosa aclaró que la cantidad no son 156 millones de dólares, sino 151 millones de dólares, que en pesos asciende a más de tres mil millones, provenientes de inversiones de los recursos de los trabajadores en fondos de inversión y seguros rentables en bancos nacionales e internacionales.
Mientras tanto, la senadora hidalguense del Partido Acción Nacional (PAN) inscribió en el orden del día de ayer, jueves, de la Cámara alta una proposición con Punto de Acuerdo por el que “El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera presente un informe detallado, incluyendo pruebas y constancias sobre las presuntas operaciones de recursos de procedencia ilícita del que se señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el fin de aclarar dichos señalamientos, así como fincar las responsabilidades a que haya lugar”.
Por su parte, Gerardo Sosa rechazó “las imputaciones sobre gestiones u operaciones ilícitas, sobre presunto lavado de dinero” que realizara el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Reconoció que el Patronato transfirió los recursos que tenía invertidos en la banca de segundo piso, de Credit Suiss, a cuentas de HSBC de la UAEH, por considerar que ofrecían mejores condiciones y rendimientos.
En este sentido, aseguró que la transferencia se hizo con toda la legalidad y transparencia. Reiteró que a la fecha no han sido notificados por alguna autoridad respecto del proceso que hay en contra de la UAEH, por lo que interpusieron un amparo contra el bloqueo, aseguramiento o congelamiento de la cuenta, ante el juez segundo de distrito. Comentó que toda la situación que se genera con la duda sobre la procedencia de recursos, ocasiona “daño y desprestigio a la Universidad”, además que no se ha podido pagar la nómina de jubilados pensionados y otros gastos programados.