/ miércoles 21 de abril de 2021

Se amparan para no dar sus datos

El abogado Adrián Vargas consideró que la mayoría de usuarios se opondrán a la medida anunciada

Por “afectaciones a mi privacidad y riesgo a mi seguridad”, el consejero del Colegio, Barra de Abogados de Hidalgo, Adrián Vargas González, interpondrá un amparo para no proporcionar sus datos biométricos a una empresa de telefonía celular luego del decreto por el cual debe conformarse el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Vulnera los artículos constitucionales 1, 6, 7,14 y 16, expuso, y acudirá a un Juzgado de Distrito, según le asignen de los cuatro que hay en el estado, para ingresarlo.

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”, es lo que dicta el artículo 16.

El consejero dispone de 30 días hábiles a partir de la publicación oficial y entrada en vigor de la reforma a la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, explicó, por tratarse de una ley autoaplicativa, pero si la gente no lo hace en ese lapso, hay un amparo de ley heteroaplicativa, que tiene el mismo fin.

El hecho de que resuelva el juez federal a su favor o en el tiempo que eso suceda, no le pueden cancelar su servicio, seguirá como hasta ahora, simplemente, aunque no descartó que echen abajo el Padrón Nacional si el número de amparos aumenta.

Debido a que no serán pocos los recursos jurídicos que utilicen los usuarios para no aportar sus datos biométricos, el abogado recordó que en el Colegio, el presidente Juan Manuel Batres instruyó que la sociedad y los asociados, puedan tramitar amparos de forma gratuita en la asociación de profesionistas del Derecho, ubicada en Pachuca.

Supuestamente la medida que se volvió decreto presidencial, quiere evitar fraudes, extorsiones y otros delitos que se cometen al poseer un aparato celular, usurpando la identidad de otro.

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Por “afectaciones a mi privacidad y riesgo a mi seguridad”, el consejero del Colegio, Barra de Abogados de Hidalgo, Adrián Vargas González, interpondrá un amparo para no proporcionar sus datos biométricos a una empresa de telefonía celular luego del decreto por el cual debe conformarse el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Vulnera los artículos constitucionales 1, 6, 7,14 y 16, expuso, y acudirá a un Juzgado de Distrito, según le asignen de los cuatro que hay en el estado, para ingresarlo.

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”, es lo que dicta el artículo 16.

El consejero dispone de 30 días hábiles a partir de la publicación oficial y entrada en vigor de la reforma a la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, explicó, por tratarse de una ley autoaplicativa, pero si la gente no lo hace en ese lapso, hay un amparo de ley heteroaplicativa, que tiene el mismo fin.

El hecho de que resuelva el juez federal a su favor o en el tiempo que eso suceda, no le pueden cancelar su servicio, seguirá como hasta ahora, simplemente, aunque no descartó que echen abajo el Padrón Nacional si el número de amparos aumenta.

Debido a que no serán pocos los recursos jurídicos que utilicen los usuarios para no aportar sus datos biométricos, el abogado recordó que en el Colegio, el presidente Juan Manuel Batres instruyó que la sociedad y los asociados, puedan tramitar amparos de forma gratuita en la asociación de profesionistas del Derecho, ubicada en Pachuca.

Supuestamente la medida que se volvió decreto presidencial, quiere evitar fraudes, extorsiones y otros delitos que se cometen al poseer un aparato celular, usurpando la identidad de otro.

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