La región de Tula está en riesgo de enfrentar nuevas inundaciones que podrían causar daños materiales y humanos a más de sesenta mil personas que habitan en la zona, sin que hasta el momento haya una coordinación entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los gobiernos de la Ciudad de México e Hidalgo para implementar las medidas de previsión suficientes, aseguró la organización ecologista Greenpeace México, mediante un comunicado.
De acuerdo con Carlos Paillés, ingeniero hidráulico a cargo del Fideicomiso de Infraestructura Ambiental de los Valles de Hidalgo (FIAVHI), se requiere realizar un desazolve prioritario de los vasos reguladores, principalmente de la presa Requena, situada aproximadamente a seis kilómetros aguas abajo de la población de Tepeji del Río, en el Valle del Mezquital, la cual cumple cien años de haber sido construida y de haber entrado en operación, sin haber tenido nunca un desazolve.
El desazolve de la presa Requena es imprescindible para reducir los riesgos a los que se expone la población de Tula, ya que esta acción por sí sola hubiera evitado los efectos catastróficos de la inundación del pasado seis de septiembre del año 2021, al haber podido retener durante dieciséis horas hasta treinta. En los pasados años 2017 y 2018, la CONAGUA presuntamente realizó obras parciales y limitadas que ha decidido continuar.
El pasado 8 de marzo, publicó la convocatoria de licitación pública con clave IO-016BOO985-E64-2022 que será adjudicada este 25 de marzo, para continuar trabajos similares en el Río Tula que incluyen la construcción de un cajón de concreto en su cauce urbano, así como una ampliación de la capacidad de flujo en puentes.
Por versión de especialistas en materia hídrica, esas obras son insuficientes para evitar inundaciones como la ocurrida en septiembre del año anterior en la que se registraron daños a aproximadamente tres mil viviendas y hubo diecisiete muertes.
Por su parte, Greenpeace y el Colectivo Agua-Clima han promovido una agenda de medidas para lograr un rescate integral de la Cuenca del Valle de México desde una perspectiva de derechos humanos y enfocada a luchar contra el cambio climático, dentro de las cuales se incluye el tratamiento y reuso controlado de aguas residuales para evitar inundaciones y reducir los grandes volúmenes de agua trasvasada de otras cuencas, disminuyendo sustancialmente los efluentes que son conducidos hacia el Valle de Hidalgo.
“Es fundamental que el gobierno de la Ciudad de México inicie el proceso de consulta pública del plan general de desarrollo y del programa general de ordenamiento territorial para que con la participación de la ciudadanía se definan medidas claras y concretas para gestionar el agua desde la perspectiva ambiental, del cambio climático y los derechos humanos, incluyendo la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs), pues el Valle de Hidalgo enfrenta un alto riesgo de volver a inundarse debido a esta insuficiencia” señaló Carlos Samayoa, coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México.
Los especialistas señalaron que en la Ciudad de México (CDMX) existen 26 PTARs, para usos particulares principalmente, siendo urgente implementar conforme a las guías de la Organización Mundial de la Salud, PTARs Descentralizadas para reusos ambientales múltiples, resolviendo gradualmente el grave problema de insuficiencia hídrica de la CDMX e impidiendo que grandes volúmenes de agua contaminada terminen en diversas regiones del Valle de Hidalgo.
Actualmente más de quince organizaciones hidalguenses apoyadas por alrededor de diez mil ciudadanos afectados esperan una respuesta de la CONAGUA, para que sus peticiones sean integradas en las obras a realizarse antes de dar por resuelta la adjudicación de obras licitadas y que de esta manera el proceso se haga con mayor transparencia y mejor participación de las organizaciones de la sociedad civil, se puntualizó finalmente.