ElJuzgado en Materia penal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Segundo Circuito Judicial con sede en Apan, cesó las medidas cautelares interpuestas contra la novena regidora de Tepeapulco, María Guadalupe Gabriela Miranda Pallares, esto, luego de que , desde el pasado jueves 7 de septiembre del presente, fuera inhabilitada por este mismo organismo, por hechos que la ley señaló como posible delito electoral en su modalidad de violencia política en contra de las mujeres por razón de género en agravio de la alcaldesa Marisol Ortega López.
En ese entonces, la funcionaria presentó a este diario la copia de la causa penal 248/2023 con NUC 12-2023-04767, en la cual se resolvió imponer las medidas cautelares contempladas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual, dijo, se le inhabilitó de sus funciones, al igual que, en procesos distintos, la síndica jurídica Martina Elvia García Arteaga, quien sigue inhabilitada y previamente el regidor Hugo Pérez.
Respecto a este asunto, dijo, el organismo judicial emitió un nuevo documento dirigido a la Asamblea, así como a la presidenta municipal en el que se lee: “Hago de su conocimiento que la medida cautelar impuesta en fecha 7 de septiembre de 2023, contemplada por la Fracción 10 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cesó sus efectos al haber variados de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición ordenándose el levantamiento inmediato de la suspensión temporal en el ejercicio del cargo”.
Asimismo, refiere que, “en razón a lo anterior, María Guadalupe Gabriela Miranda Pallares, deberá ser rehabilitada como novena regidora propietaria del Ayuntamiento de Tepeapulco”.
La regidora, aseguró que la denuncia que interpuso la alcaldesa Marisol Ortega, es parte de una campaña de acoso y hostigamiento político en su contra, la cual, reiteró, comenzó cuando decidió denunciar a través de sus redes sociales la compra de luminarias para Tepeapulco por un monto de 12 millones de pesos, así como observaciones a cerca de 200 contratos, los cuales, afirmó, son irregulares.
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