Como gobernador indígena en Hidalgo, Ranulfo Pérez Castillo, pretende que cuenten con sus propios representantes populares en los diferentes niveles de gobierno, pero no hay legislación para ello en el ámbito estatal, aunque reconoce que no hay impedimento legal a ser votados la gente de los pueblos originarios.

Si bien en los cabildos ya se obliga a tener una presencia de ese sector poblacional en los municipios, no así ocurre en el Congreso local ni el federal, y es que pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido reconocidos, “se dificulta ejercer como gobierno, gestionamos sin éxito y nos niegan un presupuesto”, expuso el originario de Chilcuautla.

Precisamente, de los comicios del pasado 18 de octubre, afirmó que les fue “mal con los partidos”, sin ahondar, resumió que no ganaron.

“Lo que buscamos es tener nuestros propios representantes populares, por usos y costumbres, sin necesidad de los partidos políticos”.

Por eso exhortó a los diputados locales a que reformen el código electoral de Hidalgo, para que sea obligatorio que en distritos electorales con población indígena, se postule a gente que sea reconocida como de ese sector, “así generamos inercia como gobierno estatal indígena, que se traduzca en mejor calidad de vida para nuestros hermanos”.

No descartó que, frente a la renovación de la Cámara de Diputados federal y estatal, surjan candidatos de entre sus 136 mil personas reconocidas de los pueblos originarios afiliados al gobierno indígena, de una población estimada en 300 mil en Hidalgo.