Treinta concejos Municipales en Hidalgo, heredaron temas en materia de derechos humanos; los cuales tendrán que ser desahogados por igual número de las actuales administraciones, a través de sus diversas áreas como Policía y Tránsito Municipal -el área con más acusaciones-, Juzgados Conciliadores, DIF, e incluso autoridades auxiliares como delegados e integrantes del Cabildo como síndicos y regidores y presidentes concejales.
Se informó en la Comisión que suman en total 74 querellas interpuestas desde el pasado 5 de septiembre hasta el 14 de diciembre, siendo la capital hidalguense con más número de pendientes, 17 en total, le sigue Tulancingo con 10, Mineral de la Reforma con seis casos, en tanto que Tizayuca y Tula con cinco y cuatro casos, el resto de los municipios entre los tres y una queja ante el organismo.
En orden cronológico por integración de queja por posibles hechos violatorias contra una o más personas, ante la instancia de Derechos Humanos en el Estado son: Mineral del Monte, El Arenal, Tula de Allende, Chapulhuacán, Jacala, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Huejutla, Molango, Apan, Pachuca, Huasca, Mineral del Chico, Zacualtipán, Tianguistengo, Tepeji, Tolcayuca,
Zapotlán, Tizayuca, Tepeapulco, Emiliano Zapata, San Salvador, Mixquiahuala, Tecozautla, Ixmiquilpan, Zimapán, Molango, Acaxochitlán, Atotonilco, El Arenal y Tulancingo.
Entre los principales hechos violatorios denunciados ante la Comisión están: Derecho a la igualdad y al trato digno, a no ser sometido a violencia institucional, a no ser discriminado. Además: Derecho a las buenas prácticas de la administración pública, Derechos a obtener servicios públicos de calidad, a la fundamentación y motivación, así como al agua y al saneamiento.
Aunado a los derechos a la debida diligencia, y a la integridad y seguridad personal, a la libertad, y a no ser sujeto de detención arbitraria.
En la lista se encuentran además derecho a no ser víctima de cohecho, a no ser víctima de robo, a la suficiente protección de personas, y derecho a acceso a la justicia, así como a la legalidad y seguridad jurídica.
Se suman derecho a la intimidad, a no ser sujeto de incomunicación y al debido aseguramiento, entrega, y manejo de bienes aunado al derecho a la vivienda digna, así como no ser sujeto de retención ilegal.
Derecho a no ser sujeto a penas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a no ser víctima de extorsión y derecho al reconocimiento de la dignidad y derecho al trabajo.