CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del activista Jesús Bañuelos Acevedo, cometido el 20 de junio de 2022, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, e hizo un llamado a las autoridades a hacer una investigación pronta para esclarecer este crimen y sancionar tanto a los autores directos del asesinato como a sus autores intelectuales.
La ONU-DH expresó, en un comunicado sus condolencias y solidaridad con la familia, compañeros y amistades de Jesús Bañuelos y refirió que de acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el defensor de la salud y del medio ambiente, fue asesinado en circunstancias que resguardaba un campamento instalado para protestar contra la operación del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, ubicado en Atitalaquia, Hidalgo.
Según testigos, se expone, un grupo armado irrumpió en el campamento, agredió a dos activistas y disparó en la cabeza a Jesús Bañuelos Acevedo, pues desde hace un mes, ambientalistas mantenían un plantón en los accesos al relleno como parte de su protesta contra la operación del lugar, a la que acusaron de causar daños ambientales en la zona.
Se señala que Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México, señaló:
“El asesinato del señor Bañuelos Acevedo, es otra trágica evidencia de la grave violencia que busca acallar las voces de quienes defienden los derechos económicos, sociales y culturales en el país y promueven el derecho al medio ambiente como un bien de toda la sociedad. Cabe recordar que el Estado tiene el deber primordial de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras del medio ambiente, sin importar quién sea el perpetrador”.
Fernández-Maldonado, agregó asimismo que “las empresas y el sector privado, que son cruciales para el desarrollo socioeconómico, también pueden jugar un rol muy importante para reforzar el reconocimiento de las tareas de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente; para promover la comunicación y transparencia con las comunidades locales potencialmente afectadas por el impacto de sus proyectos, así como para reparar cualquier daño y garantizar la no repetición”.
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Y destaca: ”Es ante estas circunstancias que se revela la importancia de la efectiva aplicación del Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por México, que consagra la protección de las personas defensoras ambientales como una obligación prioritaria del Estado, pues para gozar del derecho al medio ambiente sano, se debe proteger a quienes lo defienden”.
La ONU-DH reitera su llamado a las autoridades estatales y federales a conducir una investigación pronta e imparcial para esclarecer este crimen, en la cual se tome debidamente en cuenta la labor de defensa de los derechos humanos ambientales que realizaba Jesús Bañuelos Acevedo.
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