La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, aseguró que preocupa a todos los órdenes de gobierno los feminicidios y las recientes desapariciones, por lo que analizan esa situación.
La también coordinadora del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que los problemas de inseguridad deben convocar a la unidad de todos los niveles de gobierno, para que se garanticen las condiciones de seguridad en el estado.
De acuerdo con la ex subsecretaria de Educación Básica, solicitan a las autoridades competentes que realicen sus funciones para que se localice a los desaparecidos con vida, aunado a que se desarrollen estrategias integrales, pero consideró que las desapariciones no están relacionadas con el género.
Agregó que en el tema del feminicidio contra Lorena Berenice Tinoco, debe ser esclarecido por las autoridades correspondientes, pero será el gobierno federal el que determinará si se declara la alerta de género en el estado, aunque para ello se deben cumplir una serie de requisitos.
Pérez Perusquía sostuvo que ha dialogado constantemente con la diputada Areli Miranda Ayala, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, para que se garantice justicia en los casos que se mantienen en la impunidad y se localicen a los responsables de cualquier tipo de violencia.
Asimismo, consideró que cuantas veces sean necesarias, solicitarán la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), Mauricio Delmar Saavedra, y reiteró que seguirán en contacto con la Comisión de Igualdad de Género para que se cumplan con los requisitos para la declaratoria de alerta de género, ya que es un tema urgente para los legisladores.
Con respecto al asilo político que le otorgó el gobierno de México al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que en tanto se realicen acciones para garantizar la vida y la integridad física de una persona que está en riesgo en su país natal, respaldarán a la administración federal.
Además, la diputada priista se refirió a los adeudos que tenía el Congreso local con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el pago de la energía eléctrica, el cual ocurrió desde la sexagésima segunda legislatura por un error en el cálculo en los recibos de luz.