El abogado ambientalista y activista Ricardo Josué Ordóñez aseguró que el agua de los hidalguenses debe permanecer en la entidad para evitar que sea trasladada a otros estados del país como se ha especulado en los últimos años, por lo que los pobladores pueden proceder legalmente y ganar el caso cuando existan elementos claros. El jurista consideró que la denuncia puede efectuarse ante la Comisión de Cooperación Ambiental por los tratados internacionales que tiene México, así como ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ello podrían obtener resultados favorables, ya que los habitantes de la región son los legítimos propietarios del agua de la zona. El defensor legal sostuvo que por la urgencia del caso puede ser resuelto de forma breve, por ello, insistió, existen garantías para que el agua sea propiedad de los hidalguenses, principalmente de la región Tula, donde no existe sobre abundancia del líquido y su explotación podría derivar en casos de sequía en los siguientes años.

Agregó que en distintas regiones del país existe hay explotación de los mantos acuíferos por el desconocimiento de los pobladores sobre las acciones legales que pueden ejercer contra las empresas u organismos que pretenden extraer el agua para trasladarla a otros proyectos y enfatizó que, en primera instancia, deben contar con estudios previos por parte de expertos para su conocimiento. Por otro lado, el también abogado ambientalista Francisco Javier Camarena refirió que no puede extraerse el agua de Hidalgo para la consolidación de proyectos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construye en Santa Lucía, Estado de México.