/ lunes 19 de agosto de 2024

Reforma al PJF evade cambios a las fiscalías: Eutimio Ordóñez

“Como está planteada no se estima viable”, afirmó el Magistrado

Para el Magistrado Eutimio Ordóñez Gutiérrez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Hidalgo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) es “un contrapeso incómodo para el gobierno” ya que el 80 por ciento de sus procesos jurídicos son contra las instituciones (federales, estatales y municipales), entonces primero se deben de realizar reformas en los sistemas de justicia como las Fiscalías y analizar qué causan los delitos, para luego seguir con los cambios al PJF.

La tan controvertida reforma que promueve el jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador no toca el tema que “las partes inconformes en los juicios no quedaron de acuerdo en la resolución porque las instituciones del propio gobierno (Ejecutivo y Legislativo) les niegan sus derechos, y toda esa gente no litiga contra otra parte, litiga contra el propio gobierno, es no se analiza.

“Quién está fallando ahí, pues el IMSS, el ISSSTE, el Ayuntamiento, el Estado que despidió injustificadamente a un trabajador, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y nos están haciendo quedar a nosotros como si nosotros ocasionáramos esos problemas, y no es así, los solucionamos.

“La reforma judicial como está planteada (iniciativa del presidente de México) no se estima viable, no solo los integrantes el Poder Judicial opinamos eso, la academia a través del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM también la consideran inviable, lo mismo que Colegios y Barras estatales, aunado a la sociedad civil en sus sectores como los empresarial y financiero, porque un aspecto negativo principal es el que el Presidente de la República, el Senado como el Poder Judicial propondrían a los candidatos a magistrados, ministros y jueces”, argumentó.

Lo que se debería analizar es por qué la sociedad tiene tantos problemas, aplicar medidas preventivas a ellos; punto dos: por qué nuestra seguridad social, los policías, están fallando, y tercero por qué los fiscales si ya tienen los medios alternos de solución de controversias no los ejercen, tiene carga de trabajo como los Ministerios Públicos y no hay suficiente personal, después de eso si el policía y el MP construyen perfectamente una carpeta administrativa pues va tener un éxito en el juicio y no habrá una sentencia absolutoria será condenatoria y si es un delito estatal, ahí se queda.

“Pero si llegan acá, al PJF, es porque ese sistema de primera instancia está fallando y las partes no quedaron de acuerdo o consideran que todavía tienen derecho a una solución, por eso llegan acá los asuntos; y es lo principal que tuvo que ver la reforma”, detalló ampliamente.

“El 90 por ciento de la población desconoce cómo funciona el sistema, primero se debió realizar una campaña en la cual se informará al respecto, y de los foros hechos en dos meses que se han realizado, apenas los representantes del PJF tienen una participación de tres minutos y no es suficiente para analizar una institución”, acotó.

Bolivia instauró el modelo que se propone, en 2007 eligieron a sus integrantes y desde entonces no lo han repetido porque no se ha garantizado su eficacia, distinto sucede en los estados de Texas, Pensilvania y otro en Estados Unidos, pero son del fuero común, por denominarlos al ámbito del mexicano, refirió.

Por eso, para una reforma que se plantea se requiere de un estudio amplio y con más tiempo, aseveró, luego de reconocer que en el PJF “hay fallas y se requieren mejorar varios aspectos”.

Otro punto que toca la reforma es el término para concluir un proceso, eso ya está legislado y los regula como en lo referente al amparo indirecto, son tres meses para dictar una sentencia y si no se incurre en una responsabilidad al no justificar el excedente de tiempo, especificó “y eso lo olvidan, ya hay legislación”.

El Poder Judicial se compone de la Suprema de Justicia integrada por 11 Ministros, el Consejo de la Judicatura por siete Consejeros, después de esa estructura funciona en temas administrativos, disciplinarios, visitas y otras funciones; le siguen los Tribunales Colegiados donde conocemos de amparos directos, amparos indirectos en revisión, quejas, reclamaciones, revisiones incidentales; luego los Juzgados de Distrito son por materias: sistema acusatorio (penal), mercantil, laboral, del amparo indirecto y directo.

Quienes acuden en este caso a sus tribunales, es para revisar la actuación o resolución de jueces o de una Sala como la del Tribunal Superior de Justicia del Estado (penal, civil o administrativa) o revisar la actuación de una autoridad directa como del IMSS o ISSSTE que acuden los trabajadores a solicitarles pensión y les niegan ese derecho u otro, “nosotros aquí revisamos si fue correcto que le negaran ese derecho o no lo reconocieran, revisamos la actuación de la autoridad, somos la última instancia en tema de legalidad del Tribunal Colegiado.


Para el Magistrado Eutimio Ordóñez Gutiérrez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Hidalgo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) es “un contrapeso incómodo para el gobierno” ya que el 80 por ciento de sus procesos jurídicos son contra las instituciones (federales, estatales y municipales), entonces primero se deben de realizar reformas en los sistemas de justicia como las Fiscalías y analizar qué causan los delitos, para luego seguir con los cambios al PJF.

La tan controvertida reforma que promueve el jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador no toca el tema que “las partes inconformes en los juicios no quedaron de acuerdo en la resolución porque las instituciones del propio gobierno (Ejecutivo y Legislativo) les niegan sus derechos, y toda esa gente no litiga contra otra parte, litiga contra el propio gobierno, es no se analiza.

“Quién está fallando ahí, pues el IMSS, el ISSSTE, el Ayuntamiento, el Estado que despidió injustificadamente a un trabajador, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y nos están haciendo quedar a nosotros como si nosotros ocasionáramos esos problemas, y no es así, los solucionamos.

“La reforma judicial como está planteada (iniciativa del presidente de México) no se estima viable, no solo los integrantes el Poder Judicial opinamos eso, la academia a través del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM también la consideran inviable, lo mismo que Colegios y Barras estatales, aunado a la sociedad civil en sus sectores como los empresarial y financiero, porque un aspecto negativo principal es el que el Presidente de la República, el Senado como el Poder Judicial propondrían a los candidatos a magistrados, ministros y jueces”, argumentó.

Lo que se debería analizar es por qué la sociedad tiene tantos problemas, aplicar medidas preventivas a ellos; punto dos: por qué nuestra seguridad social, los policías, están fallando, y tercero por qué los fiscales si ya tienen los medios alternos de solución de controversias no los ejercen, tiene carga de trabajo como los Ministerios Públicos y no hay suficiente personal, después de eso si el policía y el MP construyen perfectamente una carpeta administrativa pues va tener un éxito en el juicio y no habrá una sentencia absolutoria será condenatoria y si es un delito estatal, ahí se queda.

“Pero si llegan acá, al PJF, es porque ese sistema de primera instancia está fallando y las partes no quedaron de acuerdo o consideran que todavía tienen derecho a una solución, por eso llegan acá los asuntos; y es lo principal que tuvo que ver la reforma”, detalló ampliamente.

“El 90 por ciento de la población desconoce cómo funciona el sistema, primero se debió realizar una campaña en la cual se informará al respecto, y de los foros hechos en dos meses que se han realizado, apenas los representantes del PJF tienen una participación de tres minutos y no es suficiente para analizar una institución”, acotó.

Bolivia instauró el modelo que se propone, en 2007 eligieron a sus integrantes y desde entonces no lo han repetido porque no se ha garantizado su eficacia, distinto sucede en los estados de Texas, Pensilvania y otro en Estados Unidos, pero son del fuero común, por denominarlos al ámbito del mexicano, refirió.

Por eso, para una reforma que se plantea se requiere de un estudio amplio y con más tiempo, aseveró, luego de reconocer que en el PJF “hay fallas y se requieren mejorar varios aspectos”.

Otro punto que toca la reforma es el término para concluir un proceso, eso ya está legislado y los regula como en lo referente al amparo indirecto, son tres meses para dictar una sentencia y si no se incurre en una responsabilidad al no justificar el excedente de tiempo, especificó “y eso lo olvidan, ya hay legislación”.

El Poder Judicial se compone de la Suprema de Justicia integrada por 11 Ministros, el Consejo de la Judicatura por siete Consejeros, después de esa estructura funciona en temas administrativos, disciplinarios, visitas y otras funciones; le siguen los Tribunales Colegiados donde conocemos de amparos directos, amparos indirectos en revisión, quejas, reclamaciones, revisiones incidentales; luego los Juzgados de Distrito son por materias: sistema acusatorio (penal), mercantil, laboral, del amparo indirecto y directo.

Quienes acuden en este caso a sus tribunales, es para revisar la actuación o resolución de jueces o de una Sala como la del Tribunal Superior de Justicia del Estado (penal, civil o administrativa) o revisar la actuación de una autoridad directa como del IMSS o ISSSTE que acuden los trabajadores a solicitarles pensión y les niegan ese derecho u otro, “nosotros aquí revisamos si fue correcto que le negaran ese derecho o no lo reconocieran, revisamos la actuación de la autoridad, somos la última instancia en tema de legalidad del Tribunal Colegiado.


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