La LXV Legislatura local busca declarar el “2024 año de la Lucha Contra la Corrupción en Hidalgo”.
“El 2024, como el año de la Lucha Contra la Corrupción constituye una invitación a no bajar la guardia en ningún momento, a que todos contribuyan, para que en este año se consoliden las bases de nuestro estado, entendiendo que la erradicación de la corrupción es tarea de todos”, expuso en tribuna el diputado Fortunato González Islas.
Lo anterior con base a que en los últimos cinco años los hidalguenses han vivido dos periodos importantes para el combate a la corrupción, el primero de ellos fue en el 2018 con toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y en el 2022, con el inicio de la administración estatal encabezada por Julio Menchaca.
A nivel estatal, expresó en sesión del pleno este martes 4 de junio, el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, señala el “Acuerdo por la Transparencia y Rendición de Cuentas” que es Derecho de la ciudadanía acceder a la información gubernamental y es compromiso del gobierno desterrar la corrupción en todos presupuestos y proceso del gobierno”.
Precisó que el indicador 1.4 Transparencia y Rendición de Cuentas, señala como objetivo "prevenir y combatir efectivamente la corrupción que ha saqueado al pueblo"
Mientras que a nivel federal, el combate a la corrupción y el correcto uso de los recursos, dijo, ha permitido hacer justicia a los adultos mayores, mujeres y hombres que dedicaron su vida a construir este país y que hoy pueden tener una vejez más digna, gracias a los apoyos que justamente reciben.
Los beneficios de anticorrupción son: atracción del talento adecuado, incremento de la productividad, atracción a los inversionistas, ahorro de recursos públicos, que por actos de corrupción son desviados, construcción de obras públicas de calidad, se evita el tráfico de influencias.
Así también el estado adquiere y contrata mejores opciones, se genera una relación de confianza entre ciudadanos y estado, lo que fomenta mayor participación ciudadana para el desarrollo, se estimula el pago de impuestos, al tener los contribuyentes la certeza de que los recursos se invierten correctamente.
Con la implementación de una política de austeridad republicana se está en el camino de una transparencia en la toma de decisiones, justificación y, en caso de dolo o negligencia, sanción; se consolidará una democracia participativa, en la que la sociedad interviene activamente en las grandes decisiones nacionales.