Con el propósito de aumentar las penas y ponderar aquellos delitos que lesionan el patrimonio cultural, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo (PT) presentó reformas a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Los cambios buscan armonizar la Ley en referencia al salario mínimo como medida y fortalecer las facultades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuya iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía.
En ella, se establece que a quien realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del INAH, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de 1 mil quinientas a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, contempla que a quien ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de tres a nueve años y multa de 1 mil quinientas a cinco mil veces la UMA.
Mientras que, a quien introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de ocho a quince años y multa de cinco mil a siete mil quinientas veces la UMA vigente.
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