Los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron una reforma al Código penal de la entidad para que se sancione con hasta cuatro años de prisión a quienes cometan el delito de oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Asael Hernández Cerón, señaló que esta iniciativa contempla una sanción de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 500 días de multa a los autores intelectuales, a quienes dirijan, organicen, inicien, compelan, o patrocinen económicamente a otros para impedir la ejecución de obras.

Dijo que cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo si no existió violencia se sancionará de dos a cuatro años de prisión y de 10 a 50 días de multa, además de que podrá extenderse en una pena de uno a cuatro años de prisión y de 50 a 100 días de multa.

Los integrantes del grupo legislativo del PRI propusieron una reforma a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el estado, para garantizar la no violencia institucional contra personas de grupos o comunidades.

El diputado Julio Valera Piedras señaló que esta iniciativa conceptualiza la violencia institucional de la discriminación que proviene de los servidores públicos para hacer una clara diferencia con la discriminación que ejercen otros sujetos sociales.

De acuerdo con Valera Piedras, se deben reforzar las capacitaciones a los servidores públicos de la entidad, además de que se difunda el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, por lo que se deben garantizar condiciones idóneas para el ejercicio de la actividad pública.

Asimismo, sostuvo que con estas medidas se lograrán evitar señalamientos en contra de las personas que colaboran en la vida pública, por lo que se tratará de una iniciativa permanente en favor de la población.