Este miércoles, 23 de noviembre, cuatro presidentes municipales fueron detenidos como parte de una investigación que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tiene, derivado de la llamada “Estafa Siniestra”, la cual tiene que ver con el desvío de recursos públicos, a través de empresas fantasma, o fachada, en la que intervienen ayuntamientos directamente.
En lo que corresponde a estos cuatro casos, fueron desviados más de 172 millones de pesos, y los delitos fincados a los alcaldes presuntamente responsables, son Peculado Agravado y Uso Ilícito de Atribuciones contra la Administración Pública.
En conferencia de prensa, el encargado del Despacho de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo, explicó que el primer alcalde arrestado tiene que ver con el municipio de Epazoyucan, y se trató de un monto de 14 millones 215 mil 780 pesos, para rehabilitar caminos rurales, contrato que no fue aprobado por el cabildo y pese a ello se realizaron pagos y facturas a personas morales no ubicadas en Hidalgo sino en el estado de Oaxaca, y en muchos casos ni siquiera estaban incluidas en patrón de proveedores. “Nunca se pudo acreditar la necesidad de contratar la maquinaria”.
Posteriormente, el municipio de Huautla, tiene un caso de 26 millones 615 mil 780 pesos, asignados con la autorización para rehabilitar espacios recreativos y la adquisición de insumos para Covid, en ambos casos se trató también de vínculos con empresas fachada.
Respecto al municipio de Nopala, 71 millones 960 mil 890 pesos fueron distribuidos para arrendamiento de maquinaria y equipo de rehabilitación de caminos y otra parte para atacar la plaga de mosco cúlex.
Finalmente, el cuarto caso es el municipio de Yahualica, y está vinculado por un monto de 24 millones 224 mil 737.33 pesos, destinados para un sistema que permitiera al buen desempeño de los recursos y otra parte para fumigación y sanitizantes. Los cuatro ayuntamientos operaban, informó el funcionario, con empresas inexistentes.
Con base a lo informado, los alcaldes aprehendidos se encuentran detenidos en espera de que se formule su imputación, sin embargo, se informó que los delitos por los que se les aprehendió no ameritan prisión preventiva oficiosa. En el caso de peculado agravado, pueden alcanzar una sentencia de más de 4 años, y por el Uso Ilícito de Atribuciones, poco más de un año de prisión, dependiendo de la agravante de los hechos.
Dependerá de su disposición de colaborar ante la autoridad judicial como se determine si obtienen su libertad o se actúa contra ellos hasta las últimas consecuencias. Lo anterior, con base en el llamado Criterio de Oportunidad, donde queda en facultad del Ministerio Público determinar su situación legal.
Las nueve carpetas de investigación restantes, vinculadas con la llamada “Estafa Siniestra” se encuentran en integración y dos ya con un gran avance, que podría derivar en otras aprehensiones, indicó Santiago Nieto, encargado de la Procuraduría estatal, quien omitió más detalles sobre los involucrados y las indagatorias.
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Presente en la conferencia de prensa, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, anunció que se tendrá el acercamiento con los cabildos de los Ayuntamientos involucrados, a fin de que se resuelva si se somete o no a la destitución de los alcaldes detenidos.
El funcionario dijo que se pretende recuperar el dinero, ya que Hidalgo es una entidad pobre que requiere de recursos para poder llevar a cabo obras de infraestructura en regiones de pobreza.
ATECEDENTES
A unos días de haber tomado posesión como gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar anunció que habían descubierto un sistema de corrupción (estafa siniestra), en el que hasta ese momento tenían detectados a seis municipios, los cuales habrían desviado más de 200 mdp, con los famosos “moches” y con aparentes gastos para combatir el Covid-19. Lo anterior, el día 20 de septiembre, durante visita a la Huasteca, en conferencia de prensa
El 22 de septiembre, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, durante su visita al segundo Encuentro Regional de Capacitación, en materia de Seguridad y Actuación Policial, en Tulancingo, dijo que hasta el momento iban cinco denuncias de corte anónimo vinculados al tema de corrupción de la antigua administración.
En aquella ocasión refirió que sería investigado el municipio de Huautla y otros seis municipios más.
El 11 de octubre, el gobernador Julio Menchaca aseguró que buscaban recuperar los montos faltantes en la red de desvíos que involucran a 13 municipios de la entidad, por lo cual se había reunido con algunos ediles para atender esos temas.
Al mismo tiempo, comentó que esperarían los resultados que arrojara el proceso de entrega-recepción en la administración pública estatal y buscarían principalmente la recuperación del recurso desviado, es decir, de los 520 mdp.
Días después, el presidente de Coparmex Hidalgo, Juan Manuel Batres Campos llamó a que quienes resulten responsables en el caso de la “estafa siniestra” fueran sancionados conforme a la ley, una vez que concluyan las investigaciones pertinentes
El 24 de octubre, el titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, dio a conocer el nombre de nueve de los 13 municipios involucrados en la red de corrupción que investiga el gobierno estatal, y que también implica a su antecesor en el cargo y la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH).
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Yahualica, Huautla, Tezontepec, Tlahuelilpan, Epazoyucan, Mineral del Monte, Nopala, Tepeji y Singuilucan, posteriormente se incorporaron cuatro más para hacer un total de 13 municipios.
En esa ocasión, informó el funcionario que Tepeji del Río devolvió 58 de un total de 71 millones de pesps. y Singuilucan restituyó 26 de 110 millones de pesos.
En evento público, Israel Felix Soto, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios del Estado de Hidalgo, señaló que, en el supuesto desvío de recursos, quienes hayan tenido que ver con esa operación deben responder, como personas y como funcionarios.
