La Procuraduría de Justicia de Hidalgo cumple con el mandato constitucional de ofrecer apoyo en lengua indígena a quien no entienda en idioma español, afirmó el Procurador del estado, Raúl Arroyo.

En entrevista, el funcionario comentó que “es una obligación que se cumple al máximo”, porque de lo contrario “corremos el riesgo de que los procedimientos se anulen”.

Raúl Arroyo dejó claro que no todas las personas indígenas deben ser auxiliadas, toda vez que la ley sólo obliga en los casos en que no se domine el idioma en el que se inicia una carpeta de investigación, o bien a petición de la parte.

“Una cosa es que sea de origen indígena, hable una lengua y otra que no comprenda el castellano. Si lo comprende no hay necesidad y él mismo lo debe aclarar y el juez tienen que percatarse de que lo comprende y entonces no hay necesidad”, expuso.

Reiteró que la necesidad de un traductor o intérprete se da cuando no se comprende el castellano o la lengua en que se lleva a cabo el procedimiento o cuando la persona lo solicita porque su grado de comprensión no es total o porque los tecnicismos que se utilizan no los puede traducir o comprender en su lengua propia.

En este sentido, aseguró que la Procuraduría de Justicia cuenta no sólo con traductores, sino que además hay agentes del ministerio público y de la Policía Investigadora que hablan otras lenguas y en caso de requerirse se solicita al Poder Judicial.

Aquí reconoció que en donde existe una falta de personas que hablen o dominen lenguas indígenas es en los Servicios Periciales, no obstante, se comprometió a “cubrirlo pronto”.

Los cuestionamientos se hacen, luego que en los juzgados de oralidad un defensor de imputado pretendiera dejar sin efecto la carpeta de investigación iniciada por una persona de origen indígena que hablaba nahualt, pero que también dominaba el español, y no fue auxiliado por un traductor a la hora de iniciar su carpeta de investigación.

La petición fue desechada por la jueza Sissi Anette Rodríguez, toda vez que aseguró que al darle validez a la querella no viola ningún derecho fundamental, en cambio, no hacerlo, sí atenta contra los derechos fundamentales del señor Luciano.