PRI pide que propaganda de revocación sea fiscalizada

Alejandra Soto

  · lunes 28 de marzo de 2022

Marco Bustamante / CORTESÍA: PRI

Marco Antonio Mendoza Bustamante, coordinador general de campaña de Carolina Viggiano Austria, dio a conocer que el pasado 18 de marzo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una queja en materia de fiscalización en contra del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y de su aspirante por la gubernatura del estado, Julio Menchaca Salazar.

En esta denuncia se solicita que se sumen los gastos originados por la promoción de la revocación de mandato, a los topes degasto de precampaña de Menchaca Salazar, en virtud del beneficio que le genera a su candidatura dicha promoción.

Mendoza Bustamante señaló que el costo aproximado de la propaganda denunciada desde su inicio hasta el día de hoy, es de aproximadamente 30 millones de pesos en la entidad, lo que dejaría a MORENA y a su candidato con un margen mínimo para la realización de eventos de campaña, considerando los topes de gastos de este proceso electoral.

Especificó que, del 14 de febrero a la fecha, esta promoción consiste en espectaculares con la imagen del Presidente de la República, así como el despliegue de brigadistas con el fin de difundir la imagen presidencial, quienes a su vez han portado chalecos con los colores de MORENA, lo que coincide con la postulación y precampaña de Julio Ramón Menchaca Salazar.

“Los hechos tuvieron lugar durante la etapa de intercampaña en el proceso electoral local del estado de Hidalgo, detal manera que se aprecia una estrategia donde se hace alusión al presidente de la República, y los mensajes de los brigadistas fueron encaminados a posicionara su partido, lo que claramente da un mayor posicionamiento y ventaja al precandidato morenista”, reiteró Mendoza Bustamante.

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Abundó que la simultaneidad del proceso electoral y de la revocación de mandato, deben estar alineados al marco constitucional y legal para evitar ventajas indebidas, cuya difusión es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral(INE) y no de terceros, pues permitirlo quebranta los principios constitucionales.