/ miércoles 14 de agosto de 2024

Podrían perder su casa 328 familias en Pachuca

Un particular reclamó como suyo el terreno donde crearon el fraccionamiento Hacienda

Un grupo de 21 vecinos de 328 que compraron casa en fraccionamiento Hacienda a diversas constructoras, solicitaron la intervención del gobernador Julio Menchaca porque después de 10 años les desconocen sus escrituras y compra porque supuestamente un ejidatario es el dueño, acusaron que presuntas inmobiliarias y Notarias Públicas serían cómplices del supuesto fraude de venta.

Juana Valencia, Ivonne Martínez, Liliana Gutiérrez y Ángel Cano a nombre de otros 17 habitantes que ayer se reunieron en el acceso principal de su unidad habitacional ubicada frente al fraccionamiento Colosio al poniente de Pachuca, indicaron que en el año 2009 empezaron a ofrecer las viviendas tipo semiresidencial que oscilaban entre los 995 mil y 1.326 millones de pesos, que adquirieron mediante créditos hipotecarios de Infonavit, Fovissste, bancarios y con dinero en efectivo.

Aproximadamente el terreno, que hoy saben era supuesta tierra ejidal perteneciente a Santa Julia, detallaron se dividió en 350 lotes de 120 metros cuadrados cada uno, además cuenta con área común convertida en jardín, una zona verde, cancha para padel, otra de tenis, conformada por ocho calles y dos avenidas principales; presuntamente inició la obra inmobiliaria Constructora AGO Operadores S.A. de C.V..

“Pero después, según dijeron, le vendió a LARA Construcciones, CITHY Construcciones y hay más”, que fueron los que también ofertaron casas, cada cual con su propio modelo arquitectónico de una, dos y tres plantas, en las que han detectado “vicios ocultos”, uno que es general fue la falta de una tubería oculta para el servicio de fibra óptica que introdujo una empresa telefónica.

La escrituración de las casas compradas, informaron, se han firmado en diversas Notarias Públicas del estado, informaron los ahí presentes.

“Todo hasta ahí iba bien, pagando cada quien su crédito, haciendo cambios a sus viviendas, teniendo nuestros presidentes de comités vecinales, pero nos enteramos que el pasado cinco de junio el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca le ordenó, mediante escrito 1883/2024 al Registrador Público de la Propiedad y Comercio que cancelara todas las escrituras de los que compramos en Hacienda”, subrayaron.

Todo porque, posiblemente 10 años atrás y de que se realizaron las obras del fraccionamiento, alegando que no se dio cuenta de ello, Luis Pantoja Meneses reclamó como suya la superficie y le dio la razón el juez, dueño que supuestamente ya falleció y estaría en juicio sucesorio el terreno, del cual también lo respalda el Comisariado Ejidal de Santa Julia, resumieron.

Los vecinos demandan que se instale una mesa de trabajo con autoridades estatales y municipales para revisar y fincar responsabilidades a los funcionarios y dependencias de ambos niveles de gobierno que en 2009 autorizaron y otorgaron los permisos correspondientes, “porque aquí todos serán cómplices, según los vecinos, de un fraude a quienes compramos y ahora resulta que ya no somos dueños”.

Antes que dar el paso a posibles acciones de movilización en defensa de su patrimonio, van a solicitar una audiencia con el gobernador de Hidalgo para que como máxima autoridad estatal no les sea arrebatado su patrimonio familiar y haga valer que los compradores no incurrieron en delito.


Un grupo de 21 vecinos de 328 que compraron casa en fraccionamiento Hacienda a diversas constructoras, solicitaron la intervención del gobernador Julio Menchaca porque después de 10 años les desconocen sus escrituras y compra porque supuestamente un ejidatario es el dueño, acusaron que presuntas inmobiliarias y Notarias Públicas serían cómplices del supuesto fraude de venta.

Juana Valencia, Ivonne Martínez, Liliana Gutiérrez y Ángel Cano a nombre de otros 17 habitantes que ayer se reunieron en el acceso principal de su unidad habitacional ubicada frente al fraccionamiento Colosio al poniente de Pachuca, indicaron que en el año 2009 empezaron a ofrecer las viviendas tipo semiresidencial que oscilaban entre los 995 mil y 1.326 millones de pesos, que adquirieron mediante créditos hipotecarios de Infonavit, Fovissste, bancarios y con dinero en efectivo.

Aproximadamente el terreno, que hoy saben era supuesta tierra ejidal perteneciente a Santa Julia, detallaron se dividió en 350 lotes de 120 metros cuadrados cada uno, además cuenta con área común convertida en jardín, una zona verde, cancha para padel, otra de tenis, conformada por ocho calles y dos avenidas principales; presuntamente inició la obra inmobiliaria Constructora AGO Operadores S.A. de C.V..

“Pero después, según dijeron, le vendió a LARA Construcciones, CITHY Construcciones y hay más”, que fueron los que también ofertaron casas, cada cual con su propio modelo arquitectónico de una, dos y tres plantas, en las que han detectado “vicios ocultos”, uno que es general fue la falta de una tubería oculta para el servicio de fibra óptica que introdujo una empresa telefónica.

La escrituración de las casas compradas, informaron, se han firmado en diversas Notarias Públicas del estado, informaron los ahí presentes.

“Todo hasta ahí iba bien, pagando cada quien su crédito, haciendo cambios a sus viviendas, teniendo nuestros presidentes de comités vecinales, pero nos enteramos que el pasado cinco de junio el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca le ordenó, mediante escrito 1883/2024 al Registrador Público de la Propiedad y Comercio que cancelara todas las escrituras de los que compramos en Hacienda”, subrayaron.

Todo porque, posiblemente 10 años atrás y de que se realizaron las obras del fraccionamiento, alegando que no se dio cuenta de ello, Luis Pantoja Meneses reclamó como suya la superficie y le dio la razón el juez, dueño que supuestamente ya falleció y estaría en juicio sucesorio el terreno, del cual también lo respalda el Comisariado Ejidal de Santa Julia, resumieron.

Los vecinos demandan que se instale una mesa de trabajo con autoridades estatales y municipales para revisar y fincar responsabilidades a los funcionarios y dependencias de ambos niveles de gobierno que en 2009 autorizaron y otorgaron los permisos correspondientes, “porque aquí todos serán cómplices, según los vecinos, de un fraude a quienes compramos y ahora resulta que ya no somos dueños”.

Antes que dar el paso a posibles acciones de movilización en defensa de su patrimonio, van a solicitar una audiencia con el gobernador de Hidalgo para que como máxima autoridad estatal no les sea arrebatado su patrimonio familiar y haga valer que los compradores no incurrieron en delito.


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