El Congreso Local defenderá la reforma aprobada a la Ley de Salud del Estado de Hidalgo y pedirá a la Suprema Corte de Justicia declare la constitucionalidad de la norma, ello por considerar que es adecuada y mejora las condiciones de salud de las personas indígenas de las entidad, así lo consideró el diputado local, Roberto Rico Ruiz, quien en calidad de presidente de la Mesa Directiva del mes de junio fue el encargado de responder el oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior, en relación a la acción de inconstitucionalidad que promovió la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, en contra de la reforma que establecía la obligación de poner traductores en los hospitales para las personas que hablen Náhuatl, Hñahñu, Otomí, Tepehua, Tenek y Pame.

En los argumentos se señala que con la reforma se salvaguarda el derecho a la salud de los hidalguenses, además de haber atendido al principio de Progresividad de los Derechos Humanos, “otorgando un gradual progreso normativo, que permita su pleno cumplimiento”, dicho de otra forma, establecer la obligación de traductores en seis lenguas, permite que en un futuro las personas indígenas entiendan los tratamientos médicos que se les imponen.

A decir legislador, en la reforma se consideró las lenguas contempladas desde la Constitución Política de Hidalgo en la que se reconoce en el párrafo noveno del artículo cinco que imperan las lebguas Nahua, Otomí, Tepehua, Tének y Pame. “Sin que se soslaye la presencia de otros pueblos indígenas dentro del territorio estatal”.

“Hidalgo está obligado a garantizar a la población hablante de lenguas indígenas, el pleno acceso a las instituciones y a los programas, pero, sobre todo, a proporcionar la información pertinente de los servicios de salud que se ofrecen, en su lengua respectiva”, indicó el legislador.

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Al tiempo, aseguró que no se pretende excluir a los otros grupos sino establecer la obligación de asistencia mínima en instituciones de salud. “Lo que no pretende excluir de forma alguna a quienes, no posean como lengua materna, alguna otra de las determinadas como indígenas. Si no que, cuenta con la finalidad de salvaguardar el derecho de protección de la salud, de aquellos constitucionalmente reconocidos”.