Los parquímetros cumplieron 13 meses sin operar en la capital, luego de que el 13 de febrero de 2021, la alcaldía de Pachuca los clausuraron por diversas anomalías, entre ellas, incumplir con sus licencias de funcionamiento.

En aquella fecha, el Ayuntamiento colocó sellos de suspensión en las oficinas de la empresa que operaba los parquímetros con nombre Comuni Park, que en 2015, durante la administración de Eleazar García Sánchez, recibieron la concesión correspondiente por un lapso de 10 años.

Sobre el tema, Hugo Armando Vázquez Reséndiz, director jurídico de la presidente municipal de Pachuca, recordó que en su momento el Comité de Concesiones llamó a la empresa para presentara pruebas de que estaba en regla, sin embargo no se presentaron por lo que perdió todos sus derechos procesales y el órgano procedió a la cancelación del contrato.

Por lo anterior, la empresa acudió ante el Tribunal de Justicia Administrativa e interpuso un juicio de nulidad, derivado del cual obtuvo una suspensión que a la fecha ha impedido a la alcaldía emitir un nuevo concurso para seleccionar a una nueva empresa que preste el servicio de aparcamiento.

El proceso, dijo, se ha prolongado por más de una año debido a los propios tiempos de un procedimiento del tipo, así como los retrasos generados por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

No obstante, informó está previsto que para el próximo 31 de marzo se lleve a cabo la audiencia de ley, en donde se realizará ofrecimiento de pruebas, desahogo de las mismas y alegatos, en espera de que el Tribunal emita una sentencia definitiva sobre el caso.

De acuerdo con el director jurídico se espera que el fallo final se emita en junio próximo y que sea favorecedor para el municipio, “entonces el alcalde ya estará en condiciones de volver a concursar con la debida legalidad el tema de los parquímetros, si se necesitan pero queremos hacerlo todo conforme a la ley”.

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Lo anterior transcurre, en un contexto en el que el comercio del centro histórico está a favor de que estos dispositivos operen nuevamente con el objetivo de regular la movilidad en el centro histórico, problemática que, de acuerdo con la organización Pro Centro, ya había sido resuelta.