Los obispos de México se pronunciaron en contra de la despenalización del aborto en nuestro país, luego de que el pasado miércoles 06 de septiembre los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaran los artículos del Código Penal Federal que castigaban a mujeres y personas gestantes por someterse a procesos de interrupción del embarazo.
A través de un comunicado difundido por las redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), órgano eclesiástico que se encarga de ejercer labores pastorales sobre territorio nacional a través de los obispos y sus respectivas diócesis o arquidiócesis, manifestaron que "la concepción y nacimiento de una vida humana representan un bien cuyo valor es infinito" y que por lo tanto su cuidado no solo concierne a la mujer gestante, sino a la sociedad en conjunto que "no puede lavarse las manos suprimiendo al más débil"
"El aborto provocado al ser despenalizado normaliza la cultura del descarte y deja sin responsabilidad a las autoridades y a la sociedad en su conjunto del cuidado y protección de toda vida humana. Asimismo, la legalización del aborto desgasta los cimientos del estado de derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común", se lee en la misiva.
Además, se pronunciaron a favor del cuidado y la condena en contra de las violencias que se ejercen sobre las mujeres, "tanto de aquellas que se vean orilladas a acudir al aborto a causa del abandono y de la soledad bajo condiciones de omisión, presión o injusticia" así como de aquellas que catalogaron como las "más vulnerables", que definieron como las que aún tienen a los "niños inocentes" al interior de su vientre.
Asimismo expresaron que desde una mirada legista y de positivismo jurídico, se ha menospreciado la capacidad para lograr reinserción social o acompañamiento en aquellas personas que inciden en un delito, por lo que hicieron un llamado a la reflexión, discernimiento y discusión social. Expusieron que al tomar esta "interpretación forzada de los derechos humanos" sin considerar los instrumentos nacionales e internacionales que priorizan el derecho a la vida, se cae en un "retroceso jurídico y democrático".
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"Una sociedad que acoge la vida debe cuidar todas las vidas, la de la mujer y la de la persona humana naciente, su protección debe ser procurada por el estado y por las instituciones de la sociedad civil (...) la legalización del aborto provocado significa el reconocimiento de la impotencia estatal y de la sociedad civil organizada ante las causas que llevan a las mujeres a considerar el aborto como una solución sin atender aquello que es el verdadero problema"
Signado por el Consejo de Presidencia de la CEM encabezado por Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, el documento se replicó en diferentes páginas de redes sociales de Arquidiócesis, Parroquias, Diócesis o corporaciones religiosas católicas de México.
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