A petición de una menor de 11 años, se promovió un amparo en el Poder Judicial de la Federación, para que le sea otorgada el derecho a la educación presencial en un plantel de Pachuca, luego de que autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) decidió cambiar la modalidad a clases virtuales en 11 municipios, por el aumento de contagios por Covid-19.
El ingreso del amparo fue en la tarde del jueves siete de julio, a través de Cristian Godínez González, padre de la menor de edad y Yadira Rangel Balandrano, abogada, quienes fungirán como sus representantes, con el propósito de defender el interés superior de la niñez, entre las que destaca el derecho a la educación.
Expresaron que es un hecho sin precedentes en Hidalgo ya que, sin bien hay algunos planteles escolares que han ingresado amparo para restablecer las clases presenciales, es la primera vez que se realiza a petición de una menor de edad.
La abogada expuso que la decisión de la autoridad para suspender las clases presenciales, carece de soporte jurídico, “pues en los datos proporcionados en la conferencia de prensa donde se anunció esta medida, no concuerdan con las estadísticas de contagio Covid-19 en menores de educación básica”.
“La SEPH explicó que el 9.4 por ciento de los contagios está focalizado en escolares de educación pública y privada, sin embargo, con la revisión de las estadísticas en las que tomamos solo en cuenta 300 escuelas particulares y cada una de ellas tienen un rango de 15 a 20 alumnos por grado, apenas abarcaría el 0.03 por ciento de contagios, quiere decir que no el incremento del Covid-19 no se ha dado en escuelas, por lo que la determinación de la autoridad carece de soporte material y jurídico para que sea una prioridad mandar a los niños a clases virtuales y lo que si hace es vulnerar el derecho de los menores”.
La autoridad atenta contra la dignidad que desprende de la vida de los menores. “Hay un nuevo encierro y con ello no se tiene la certeza que en el siguiente ciclo escolar continúe el encierro, generando una psicosis en la niñez”.
“Este confinamiento, si bien es cierto, en un inicio no se contaba con una vacunación contra el Covid-19 en los menores de edad, si se ponía en riesgo físico y por eso se hizo la ponderación de derechos a la vida y salud física, pues estaba por encima al derecho a la educación, sin embargo, actualmente no es el escenario que se esta viendo, ya que los menores están recibido la vacuna”.
La abogada aseguró que el regresar a las niñas y niños a clases virtuales, implicará desmotivarlos, también se producirá una desconexión cognitiva y emocional que estaban empezando a recuperar en la escuela.
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“Hay niñas y niños que provienen de familias monoparentales y que la madre o padre no han recibido aviso de sus trabajos para una restricción o confinamiento, por lo que dejar a los hijos en no es la mejor manera de cuidarlos”.
Ambos representantes de la menor coincidieron que la suspensión de clases presenciales atenta contra la dignidad, el derecho a la vida y a la salud, “no solo la salud física como tal, sino la emocional, el derecho a la vida. Las autoridades deben velar por el interés superior del menor”.
