Integrantes del Consejo de Colaboración Municipal de Calnali interpusieron una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Congreso local por la falta de continuidad en la petición de revocación de mandato del alcalde de esa demarcación, Isaid Acosta Téllez, quien está en funciones, pese a que fue inhabilitado por la Contraloría municipal para ostentar cualquier cargo público por cinco meses.
El asesor jurídico de la organización municipal, Héctor Cano, explicó que desde el pasado 10 de febrero interpusieron un documento ante el Congreso local para solicitar la revocación de mandato contra el edil, debido a que incumplió la sanción impuesta por la Contraloría municipal y por ende no podría estar como presidente municipal en funciones.
Sin embargo, no recibieron respuesta por parte del Poder Legislativo tras acercarse al diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Luis Espinoza, por lo que decidieron acudir al Órgano de Control Interno para que revise la razón por la cual ha avanzado la petición, ya que el edil está violando la ley al desempeñarse en un cargo público con una inhabilitación vigente.
De acuerdo con el representante legal de los inconformes, el documento también fue enviado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Contraloría estatal y el Despacho del Gobernador, pero sólo obtuvieron respuesta por parte de la dependencia federal que lo canalizó a la Contraloría estatal para que dé seguimiento al caso.
Agregó que el pasado 11 de diciembre la Contraloría municipal de Calnali inhabilitó al alcalde emanado del Partido Encuentro Social (PES) para desempeñar cualquier encargo en la administración pública municipal por cinco meses tras las faltas administrativas que realizó cuando se desempeñó como secretario de Obras Públicas municipal.
Isaid Acosta exresponsable de Obras Públicas en Calnali en la administración de Miguel Jiménez, gestión que no entregó diferentes obras y otras no fueron justificadas, por lo que el Concejo Municipal interino que estuvo al frente del ayuntamiento entre septiembre y diciembre pasado determinó las irregularidades.
